Los números llegaron con fuerza. Nueva EPS, la aseguradora con más afiliados de Colombia, entregó a la Superintendencia de Salud sus estados financieros de 2023 y 2024: deudas superiores a $22 billones, patrimonio negativo de $10,6 billones y facturas pendientes de auditoría sin depurar.
Antes de que el debate político opacara las cifras, conviene leerlas en frío. La entidad reportó $9,51 billones en cuentas por cobrar, la mayor parte a cargo del Estado. De ese total, $5,49 billones corresponden a denominados «deudores del sistema» y otros $1,14 billones los adeuda la ADRES por recobros de tecnologías no financiadas con la UPC. Parte de esos recursos lleva entre dos y tres años pendiente de desembolso; algunos saldos superan los cinco años de antigüedad.
La presión sobre la red hospitalaria es la más urgente. Las facturas pendientes de pago a clínicas y hospitales por servicios ya prestados ascienden a $4,21 billones, un incremento del 266 % frente al año anterior. Los pagos derivados de fallos de tutela saltaron de $15.004 millones en 2023 a $107.950 millones en 2024, y permanecen pendientes cerca de $150.000 millones asociados a presupuestos máximos.
Frente a ese cuadro, el presidente Gustavo Petro sostuvo que aproximadamente $11 billones de la deuda corresponden a obligaciones del Estado y pidió al ministro de Hacienda reconocer ese monto como deuda pública nacional. Petro atribuyó buena parte del déficit a la junta directiva de la entidad, de la que formó parte Enrique Vargas Lleras, copresidente de Cambio Radical. El propio presidente reconoció que la medida incrementaría la deuda pública.
La respuesta de Vargas Lleras fue directa: calificó a Petro de «mentiroso compulsivo» y señaló que el Gobierno asumió el control de la Nueva EPS mediante intervención, designó cinco agentes interventores y no logró superar la crisis. «El presidente Petro vuelve a mentir para intentar esconder cuatro años de improvisación, corrupción y fracaso», afirmó, según recoge El Colombiano. Vargas Lleras también cuestionó la validez de los estados financieros utilizados por Petro para sustentar sus afirmaciones.
El dato central es incontestable: la Nueva EPS lleva más de dos años bajo administración del Gobierno y su situación financiera empeoró de forma medible. Las facturas a hospitales crecieron 266 %, los pagos por tutelas se multiplicaron por siete y el patrimonio es profundamente negativo.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio ilustra un patrón conocido: el aparato estatal interviene una entidad, acumula el pasivo y luego presenta la cuenta al contribuyente como si fuera deuda heredada. Reconocer $11 billones como deuda pública nacional sin un plan de saneamiento creíble no es una solución; es trasladar el costo de la gestión fallida a quienes pagan impuestos. Capital busca reglas claras, no rescates sin rendición de cuentas. El sistema de salud colombiano necesita con urgencia lo contrario de lo que ha recibido: menos intervención discrecional y más disciplina financiera.
