El presidente José Raúl Mulino convocó una reunión en el Palacio de las Garzas para esta semana. El objetivo: sentar a jubilados y empresarios frente a frente antes de sancionar o vetar el Proyecto de Ley 226. La iniciativa amplía descuentos y beneficios para la tercera edad. El sector empresarial la rechaza con firmeza y pide el veto.
Tres representantes de los gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) participarán en el encuentro. Guillermo Cortés, dirigente del movimiento de jubilados y pensionados, interpretó la convocatoria como una señal positiva. A su juicio, el llamado del Ejecutivo demuestra que «no existe una intención inicial de veto», sino el interés de encontrar un punto de equilibrio.
Lo que no está sobre la mesa
La dirigencia llegará con posiciones que calificó como estrictamente no negociables. Primero, el aumento del beneficio en pañales desechables para adultos. Segundo, los descuentos en accesorios de ayuda técnica: bastones, andaderas, sillas de ruedas y prótesis. Tercero, los descuentos en medicamentos.
Sobre este último punto, Cortés rechazó el argumento de las pequeñas farmacias. Según el dirigente, el problema real no son los beneficios a los ancianos. El problema, afirmó, es el monopolio de las grandes cadenas y el sobrecosto de los medicamentos. Cortés señaló que las medicinas en Panamá se venden hasta un 500% más caras que en otros países de la región.
Dónde sí hay margen
El movimiento reconoció que algunos artículos admiten flexibilidad. Los descuentos en hoteles son el ejemplo más claro. La ley plantea un 50% de lunes a jueves y un 40% los fines de semana. La dirigencia admitió que la mayoría de los pensionados de bajos ingresos no puede costear esos complejos. El porcentaje, dijeron, es «totalmente conversable». También abrieron la puerta a revisar puntos regulatorios en telefonía e internet bajo un esquema de beneficio mutuo.
La presión sobre Mulino
El gremio empresarial sigue pidiendo el veto. Al mismo tiempo, acepta sentarse a dialogar para evaluar el impacto de la ley y buscar una fórmula que beneficie a quienes realmente lo necesitan sin comprometer la sostenibilidad de las empresas. Los jubilados, por su parte, piden a Mulino que priorice la justicia social por encima de las presiones sectoriales.
Desde Ágora Capital, la lectura es directa. El diálogo convocado por Mulino es el camino correcto: las mesas de negociación cuestan menos que los conflictos legislativos mal resueltos. El riesgo real no es el descuento en hoteles. Es que una ley mal calibrada traslade costos fijos a la empresa formal, comprima márgenes en el comercio minorista y termine expulsando inversión del sector salud. Capital busca reglas claras. Una norma que distinga entre necesidad básica y beneficio discrecional protege tanto al jubilado como al empresario que le da empleo a sus hijos.
