La iniciativa de gravar herencias y legados que lanzó la ministra de la Suprema Corte Lenia Batres no sobrevivió ni un ciclo de noticias. Este jueves 9 de julio, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, fue directo: «De manera personal, lo dije en una entrevista, que no estaba de acuerdo con este tipo de medidas impositivas en estos momentos tan difíciles para el país».
Monreal aclaró además que la propuesta carece de sustento legislativo. «Hasta ahora no tenemos ninguna iniciativa», afirmó, y recordó que solo la Presidencia de la República, senadores, diputados o congresos locales tienen facultad para impulsar ese debate.
Horas antes, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum había sido igual de categórica: «No es un planteamiento que haríamos. No creemos en que se graven las herencias». La mandataria reconoció que 24 países de la OCDE aplican ese impuesto —entre ellos Estados Unidos, Corea del Sur y Reino Unido— pero lo descartó para México.
El rechazo no quedó en el ámbito político. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado para pedir que se preserven los recursos acumulados en las Afores de trabajadores fallecidos y se eviten interpretaciones que permitan gravarlos con el ISR. «Pretender cobrar impuestos sobre los ahorros de un trabajador fallecido no solo desvirtúa la naturaleza de la previsión social, sino que afecta de manera directa el sustento de los deudos», señaló el organismo.
Los jueces también rechazaron el argumento redistributivo de Batres con una frase que no deja margen: «Rechazamos que se pretenda usar a la Suprema Corte y a los tribunales del país bajo la consigna de dogmas ideológicos. La función constitucional del Poder Judicial de la Federación no es actuar como una entidad de diseño fiscal ni forzar una redistribución de la riqueza a través de la vía impositiva».
La secuencia revela la fragilidad institucional del planteamiento: una ministra —sin iniciativa formal, sin respaldo del Ejecutivo y sin mayoría parlamentaria— logró agitar el debate sobre la propiedad privada y el patrimonio familiar en un país que ya enfrenta presión fiscal y desaceleración económica.
Desde Ágora Capital, la lectura es sencilla. Gravar la transmisión de patrimonio no redistribuye riqueza: desincentiva la acumulación productiva, castiga al ahorrador que cumplió con el fisco durante toda su vida y transfiere capital hacia el aparato estatal en lugar de hacia la siguiente generación. Que la propuesta haya sido frenada desde adentro del propio oficialismo no la convierte en un episodio menor: mide el termómetro de lo que algunos sectores del gobierno consideran posible cuando la economía cede terreno. Capital busca reglas claras, y esa claridad hoy llegó —por ahora— desde Monreal y Sheinbaum.
