El ministro de Agricultura de Chile, Jaime Campos, salió este lunes a defender sus declaraciones de la semana pasada. El blanco: la sobretasa arancelaria de 12,5% que Estados Unidos impuso a Chile el 24 de julio.
El gravamen afecta al salmón, la fruta, el vino y los derivados de la madera. Washington justificó la medida argumentando que Chile no impide el ingreso de mercancías producidas mediante trabajo forzoso en terceros países.
Campos había calificado ese argumento de «chiva». Además, sostuvo que se trata de «una actuación arbitraria del gobierno norteamericano» y acusó que vulnera el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.
El embajador estadounidense Brandon Judd respondió con dureza. Advirtió que comentarios «provocativos» de ministros ajenos a las negociaciones pueden dificultar el trabajo de quienes sí encabezan ese proceso. El ministro de Defensa, Fernando Barros, también había calificado la medida de «injusta».
En entrevista con Radio Pauta, Campos aclaró su posición. Dijo respaldar «plenamente» las gestiones de la Cancillería, a cargo del canciller Francisco Pérez. Pero explicó que algo lo obligó a hablar: la justificación de Washington.
«Cuando leyendo los argumentos de por qué se aplicó esta medida arancelaria, dijeron, o dieron a entender, o de una forma oblicua insinuaron de que aquí en Chile había trabajo forzoso en materia agrícola», señaló el ministro. Su respuesta fue directa: «Todos sabemos que eso es mentira».
Campos fue más lejos. Afirmó que «ni el peor enemigo de Chile se había atrevido a hacer una afirmación de esa naturaleza». Y cerró con una pregunta retórica: si hubiera callado, ¿con qué cara enfrentaría a los agricultores chilenos?
«No soy un simple particular, soy ministro», remató.
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El episodio expone una tensión real. Chile negocia en silencio diplomático mientras sus propios ministros salen a la palestra. El embajador Judd tiene razón en señalar el riesgo: las declaraciones paralelas complican a los negociadores. Ese es el costo de la política doméstica.
Pero el fondo del asunto no desaparece. Una sobretasa arancelaria justificada con una acusación de trabajo forzoso —sin evidencia documentada en las fuentes disponibles— afecta directamente la reputación exportadora de Chile. Capital busca reglas claras. Y una acusación de esa magnitud, si es infundada, es exactamente el tipo de señal que encarece el riesgo país y erosiona la confianza del sector privado en el largo plazo.
