El Gobierno colombiano sabía. Esa es la conclusión que se desprende de una carta firmada por la ministra de Comercio, Diana Morales, dirigida al director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, y al ministro de Hacienda, Germán Ávila.
El documento, conocido por Semana, evidencia que desde el Ministerio de Comercio se alertó oportunamente sobre la necesidad de «fortalecer el marco institucional para el control de importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso, en el contexto de las medidas comerciales adoptadas por los Estados Unidos».
La ministra Morales dejó constancia escrita de que, en distintas mesas de trabajo interinstitucionales, su cartera advirtió a la Dian que una respuesta de Washington requería un instrumento aduanero para impedir el ingreso de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, y que debían tomarse «medidas preventivas sobre posibles riesgos en la cadena de suministros».
Más aún: el ministerio promovió incluir una disposición específica dentro del proyecto de reforma al régimen sancionatorio aduanero que prohibía importar bienes de trabajo forzoso y asignaba a la Dian las competencias para aplicarla. La entidad, señala la carta, es «la única con facultades legales para adoptar medidas materiales sobre las mercancías objeto de importación», incluyendo suspensión del levante, inmovilización y retención preventiva.
La advertencia no se tradujo en acción. Estados Unidos terminó fijando un arancel del 12,5 % a varios productos colombianos, decisión que sacudió al sector exportador del país.
Frente a la evidencia, el presidente Gustavo Petro optó por el deslinde: «No soy responsable de la política arancelaria de los EE. UU. Poner aranceles unilaterales rompe todos los tratados de comercio que se han firmado en el mundo y el TLC en el caso de Colombia», declaró. Luego propuso como solución que el Banco de la República baje tasas de interés y que se logre «una devaluación».
La contradicción es difícil de sostener. El propio gabinete de Petro documentó el riesgo por escrito, identificó la entidad responsable de actuar y hasta redactó la norma que habría dado cobertura legal a las medidas preventivas. Nada de eso se ejecutó.
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Desde Ágora Capital, el episodio ilustra un patrón que el mercado ya conoce bien en el petrismo: diagnóstico tardío, ejecución nula y relato que traslada la responsabilidad hacia afuera. El exportador colombiano de café, flores o manufacturas no paga las consecuencias de Washington; las paga de la inacción de Bogotá. Capital busca reglas claras, y un gobierno que ignora sus propias alertas internas no ofrece ninguna. La pregunta que queda abierta es cuántas otras advertencias institucionales duermen en carpetas sin respuesta mientras la competitividad del sector privado colombiano se erosiona.
