El gobierno de Chile activó esta semana una coordinación de emergencia con la industria minera para levantar un catastro de infraestructura y maquinaria pesada disponible en las distintas regiones del país, ante el sistema frontal que se prevé inicie este jueves.
El catastro deberá entregarse durante este miércoles al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), según informó el ministerio de Minería. El objetivo es que el gobierno pueda movilizar esos recursos en favor de las comunidades cercanas a las faenas si la emergencia lo requiere.
La reunión fue encabezada el martes a las 15:30 horas por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y reunió a representantes de la CPC, el Consejo Minero, Sonami, Aprimin y la Cámara Chilena de la Construcción. Estuvieron presentes también Codelco, Antofagasta Minerals y Teck, además de Sernageomin.
«Chile es un país que conoce de desastres y esa historia nos mueve a estar preparados y anticiparnos ante situaciones complejas», señaló Mas. El biministro destacó que el propósito es «prevenir, informar y quedar conectados para cuidar a los trabajadores y concretar las capacidades, equipamientos y recursos que la industria minera pueda poner a disposición en caso de que se requiera».
Sernageomin, por su parte, pidió a las mineras reforzar el monitoreo para prevenir deslizamientos de material. El director nacional (s) del organismo, Mauricio Lorca, afirmó que se han «anticipado a este sistema frontal reforzando el trabajo con nuestras direcciones regionales y coordinando acciones tanto con las autoridades como con las empresas mineras». El objetivo, precisó, es que las faenas «revisen y activen oportunamente sus planes preventivos» mientras el organismo mantiene «un monitoreo permanente de las condiciones geológicas».
Según el comunicado del ministerio, la coordinación «permitió anticipar el despliegue de tareas y recursos, reforzar acciones preventivas, establecer canales de coordinación público-privados permanentes y fortalecer la capacidad de respuesta con foco en resguardar la seguridad de los trabajadores, faenas y comunidades locales».
Lectura de Ágora Capital. El episodio ilustra con claridad algo que los manuales de gestión de riesgo suelen ignorar: cuando el Estado necesita capacidad real de respuesta —maquinaria, logística, alcance territorial— termina llamando a la empresa privada. Las mineras, con activos desplegados a lo largo de Chile, ofrecen en horas lo que la burocracia difícilmente podría reunir en días. La coordinación público-privada no es un gesto de buena voluntad; es el reconocimiento tácito de que el capital privado sostiene infraestructura que el aparato estatal no replica. El reto de fondo es institucionalizar esos canales más allá de la emergencia, para que la colaboración no dependa del calendario meteorológico.
