Javier Milei subió a la tribuna de la Casa Rosada el 30 de julio y lanzó una señal al mercado y a la historia: ningún gobierno futuro debería poder volver a usar la maquinita. En un discurso televisado, el presidente argentino acusó a las administraciones anteriores de «saquear» el Banco Central y presentó lo que él mismo definió como «el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años».
Las tres columnas del proyecto
La nueva ley propuesta tiene tres ejes centrales. Primero, prohibir explícitamente que el Banco Central financie al gobierno en cualquier forma imaginable. Segundo, reducir el mandato institucional del banco a un único objetivo: preservar el valor de la moneda. Hoy la entidad carga con cinco objetivos, incluyendo el difuso «desarrollo económico con equidad social». Tercero, exigir mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para destituir al presidente del banco, cargo que hoy ocupa un designado de Milei.
El paquete incluye además una liberalización de los mercados de capitales y seguros, y una norma inspirada en la legislación estadounidense que cerraría automáticamente el gobierno si el gasto supera la recaudación durante «varios» meses consecutivos.
Los números respaldan el diagnóstico
El contexto valida la urgencia. Cuando Milei asumió, la inflación corría al 13% mensual. La motosierra recortó el gasto y cortó el grifo del financiamiento monetario; hoy el índice se ubica en 1,9% mensual. Tres calificadoras de riesgo mejoraron recientemente la nota crediticia de Argentina, en parte porque el Banco Central acumuló reservas comprando dólares. El FMI, según la fuente, se muestra «en general satisfecho».
Las lagunas que el mercado ya detectó
Pero el proyecto tiene flancos. El requisito de dos tercios para destituir al presidente del banco podría eliminarse con simple mayoría parlamentaria, lo que relativiza su blindaje. Las reformas tampoco limitan la capacidad del banco de imponer controles cambiarios, una herramienta que ha alimentado el ciclo argentino de calma artificial seguida de crisis. Santiago Bulat, de la consultora Invecq, lo dice sin rodeos: «No sabemos cuál es la política monetaria». El banco sigue mirando la oferta monetaria en lugar de las tasas de interés, a contramano de la práctica global y para desazón del FMI.
La propuesta de sanciones penales para funcionarios que faciliten la emisión es, según la fuente, «sumamente inusual» y difícilmente atraerá economistas de primer nivel a la institución. El proceso de nombramientos, por su parte, no mejora.
El frente político complica el cuadro
En julio, la aprobación del gobierno cayó a su punto más bajo desde que Milei asumió. El crecimiento se proyecta por debajo del 3% este año y se concentra en sectores intensivos en capital, no en empleo. La actividad económica retrocedió en mayo por segundo mes consecutivo. El empleo formal sigue en descenso. Y los escándalos en torno a su ex jefe de gabinete dañaron capital político.
Lectura de Ágora Capital
La dirección es la correcta. Reducir el mandato del banco a un solo objetivo, prohibir el financiamiento monetario y encarecer políticamente el despilfarro son reformas que cualquier economía seria debería tener escritas en piedra. El mercado de capitales y el sector asegurador también ganan con la liberalización anunciada.
Pero las instituciones no se blindan solo con leyes: se blindan con normas políticas que el electorado internaliza. La tarea de fondo de Milei es demostrar, elección tras elección, que la disciplina fiscal gana votos. Con la reelección en octubre de 2027 en el horizonte y sin rivales fuertes por ahora, la ventana existe. Aprovecharla depende menos de la arquitectura legal y más de que los argentinos sientan en el bolsillo que la austeridad funciona.
