La población extranjera residente en Chile pasó de 746.465 personas en 2017 a 1.608.650 en 2024, según la séptima edición del Anuario Estadístico de Movilidad Humana del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). El crecimiento, impulsado principalmente por la migración venezolana, muestra ahora una «desaceleración sostenida».
Las proyecciones del informe indican que el saldo migratorio —diferencia entre entradas y salidas— descenderá de 114.671 personas en 2024 a 75.663 en 2030. El pico de la ola quedó entre 2017 y 2022; lo que sigue es gestión, no emergencia de volumen.
Concentración y expansión territorial
Cerca del 60% de la población extranjera se concentra en la Región Metropolitana, seguida por Antofagasta y Valparaíso. Sin embargo, el crecimiento «más acelerado» ocurre en el centro-sur del país: Maule, Biobío y O'Higgins registraron un aumento superior al 240% entre 2017 y 2024. Eso traslada presión fiscal y de servicios hacia gobiernos regionales y municipios con menor capacidad institucional.
El dato que importa: irregularidad e informalidad
La irregularidad documental pasó de 10.375 personas en 2018 a 336.984 en 2023, un incremento de 32 veces en cinco años. La informalidad laboral alcanza a 306.366 personas. Ambas cifras no son un problema humanitario abstracto: son costos concretos para el sistema de salud, las arcas municipales y el mercado laboral formal.
Las mujeres migrantes concentran las peores brechas: cotizan al sistema previsional a una tasa de 47,2%, frente al 61,5% de los hombres migrantes; presentan subempleo por competencias del 24% versus 18,2% en hombres; y representan el 70% de la población migrante fuera de la fuerza laboral.
En vivienda, el informe cita datos de TECHO-Chile que sitúan en 47.391 las familias migrantes que residen en campamentos, además de un «número significativo» de personas extranjeras en situación de calle.
La directora nacional del SJM, Waleska Ureta, señaló que «cuando existen barreras para acceder a vivienda, empleo formal, educación o regularización, aumentan los riesgos de exclusión y se debilita la cohesión social».
La lectura de Ágora Capital
Los números del SJM confirman algo que el debate político chileno suele eludir: el problema ya no es el flujo, sino el stock de irregularidad acumulado durante años de gestión deficiente. Más de 336.000 personas sin documentos y 306.000 en informalidad laboral representan una economía paralela que no cotiza, no tributa y no puede acceder a crédito formal. Capital busca reglas claras, y eso aplica también al mercado laboral migrante.
La expansión hacia regiones del centro-sur añade una variable fiscal que los municipios de Maule o Biobío no estaban diseñados para absorber. Sin transferencias reales o reforma al financiamiento local, la carga recaerá sobre los contribuyentes de esas comunas. El desafío no es solo de «inclusión y cohesión social», como plantea el informe: es de instituciones capaces de hacer cumplir reglas, formalizar trabajo y proteger la propiedad. Sin ese piso, la diversidad no se convierte en oportunidad; se convierte en presión sobre quienes sí juegan dentro del sistema.
