México y Suiza acordaron avanzar en la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). El bloque incluye a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Ambas partes también revisaron el acuerdo bilateral de libre comercio vigente.
El encuentro lo encabezó Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, junto al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. La reunión fue seguimiento directo de la cita que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario suizo.
Asistieron representantes de 30 empresas suizas y de la Cámara Suiza de Comercio en México. Los participantes compartieron perspectivas sobre oportunidades de inversión en distintos sectores productivos.
La Secretaría de Economía destacó el peso de Suiza en la relación con Europa. Según el comunicado oficial, Suiza es el octavo socio comercial europeo de México y la séptima fuente de inversión extranjera directa proveniente del continente. Las empresas helvéticas operan en alimentos, farmacéutica, manufactura, tecnología y servicios.
La dependencia reiteró su disposición de mantener diálogo cercano con el sector privado suizo. El objetivo declarado: facilitar la inversión, fortalecer la certidumbre jurídica para las empresas y ampliar la cooperación bilateral en sectores estratégicos.
El gobierno mexicano enmarca estas negociaciones en una estrategia de diversificación. La fuente señala explícitamente el propósito de reducir la dependencia del mercado estadounidense ante la creciente incertidumbre comercial global.
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Los números tienen lógica propia. Suiza como séptima fuente de IED europea en México no es un dato menor: capital de alta calidad, sectores de valor agregado y marcos regulatorios sólidos. Modernizar el acuerdo con la AELC puede ampliar ese flujo.
El problema no es el instrumento; es el entorno. Capital busca reglas claras. Las empresas suizas presentes en la reunión lo saben. La pregunta que el mercado ya se hace es si el aparato estatal mexicano puede ofrecer la certidumbre jurídica que este tipo de inversión exige. Sin esa condición, la modernización del tratado queda como señal diplomática, no como catalizador real de retorno.
