La tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC concluyó este miércoles en la Ciudad de México con un anuncio que, según la Casa Blanca, impone un nuevo arancel de 10% a las exportaciones mexicanas por presuntas omisiones en la prohibición del trabajo forzado.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió rápido a encuadrar el resultado. Según su lectura, «quedan excluidas todas las exportaciones de México, más del 80% —85%— que cumplen con el tratado de libre comercio que tenemos, el T-MEC; es decir, no hay cambio en eso». El argumento central: el arancel de 10% que Estados Unidos aplicaba actualmente vence este viernes 24 de julio, y el nuevo gravamen simplemente lo sustituye con distinto fundamento legal.
«Solamente cambia de fundamento», precisó Ebrard. El porcentaje es idéntico: ese 10% ya existía para las exportaciones que no cumplían las reglas de origen del T-MEC. La novedad es que ahora se encuadra en la sección 301 sobre trabajo forzado y se aplicará, según informó Washington, a 60 países.
Ebrard se reunió durante la jornada con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Ambas partes acordaron una cuarta ronda de conversaciones para la primera quincena de septiembre, con el objetivo de avanzar «hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y competitividad de América del Norte en beneficio de los trabajadores y empresas de la región».
La Secretaría de Economía destacó en un comunicado que las conversaciones «fueron constructivas y arrojaron avances en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia».
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Los números mandan. Si el arancel efectivo para el universo que no cumple reglas de origen permanece en 10% y el 85% de las exportaciones mexicanas sigue exento, el daño inmediato es acotado. El mercado necesitará verificar esa aritmética cuando lleguen los datos de flujo comercial de agosto.
Lo que sí cambia es el marco jurídico: pasar de una disputa de reglas de origen a una acusación de trabajo forzado bajo la sección 301 abre un flanco distinto, con implicaciones reputacionales y potencial de escalar hacia sectores hoy protegidos. Capital busca reglas claras, y una reclasificación arancelaria —aunque neutral en tasa— introduce incertidumbre que los flujos de inversión ya están midiendo. La cuarta ronda en septiembre será la prueba de si la diplomacia comercial puede contener ese riesgo antes de que se price en los costos de financiamiento.
