México atraviesa un momento poco frecuente: la reorganización del comercio global y la próxima revisión del T-MEC han vuelto a colocar al país en el radar de los inversionistas. El consenso entre analistas, según recoge la columna publicada en El Financiero, es que el país tiene margen para crecer más, pero necesita elevar sus niveles de inversión, particularmente la privada.
El Plan México establece una meta concreta: elevar la inversión hasta representar el 28 por ciento del PIB hacia 2030. Alcanzarla, advierte el análisis, exigirá mucho más que recursos públicos. Requerirá movilizar ahorro institucional, atraer capital privado y fortalecer un mercado de capitales capaz de financiar proyectos productivos de largo plazo.
El capital no ocurre por decreto ni por geografía. Tres condiciones estructurales determinan si el interés se convierte en flujo real.
Primera: certidumbre regulatoria. La inversión de largo plazo requiere estabilidad y procesos eficientes. Los avances recientes para simplificar trámites son señales positivas, pero el desafío es consolidarlos y dar continuidad a esa agenda.
Segunda: integración local al nearshoring. El éxito no se medirá únicamente por el número de empresas internacionales que se establezcan en México, sino por la capacidad de las empresas mexicanas para integrarse a sus cadenas de suministro. Cada proveedor local que logra incorporarse a una cadena global genera mayor productividad, empleo y valor agregado dentro del país.
Tercera: financiamiento subnacional. Gran parte de la infraestructura que demanda el desarrollo económico se construye desde lo local. Todavía existe una brecha importante entre las necesidades de inversión y el uso de mecanismos de financiamiento de largo plazo que podrían hacer viables muchos proyectos en estados y municipios.
El argumento central del análisis es directo: pocas veces coinciden una oportunidad geopolítica de esta magnitud, una agenda pública enfocada en impulsar la inversión y un mercado financiero con capacidad de canalizar recursos hacia proyectos estratégicos. Pero las oportunidades económicas no permanecen abiertas para siempre.
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Desde Ágora Capital, el diagnóstico es correcto en su premisa pero incompleto en su exigencia. El capital existe y busca destino; lo que lo detiene en México no es falta de retórica oficial, sino la persistencia de un aparato regulatorio que genera incertidumbre jurídica y un Estado que compite con el ahorro privado en lugar de facilitarlo. La meta del 28% del PIB solo es alcanzable si la libre empresa encuentra reglas predecibles, no si depende de la voluntad discrecional del gobierno en turno. La oportunidad geopolítica es real. La ventana, como bien señala el análisis, tiene fecha de caducidad. Y el reloj no corre a favor de la burocracia.
