Daniel Gordiano Valenzuela, mexicano de 60 años, se declaró culpable el 7 de agosto ante un tribunal federal de Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero. El monto total blanqueado ascendió a 1 millón 973 mil 76 dólares procedentes del narcotráfico, según las autoridades.
El mecanismo era preciso: una red de cómplices distribuidos en distintas ciudades de EE.UU. recogía el efectivo generado por la venta de drogas. Gordiano Valenzuela proporcionaba instrucciones para mover los fondos —mediante criptomonedas o transferencias bancarias— hacia México. Por cada operación completada, recibía una comisión sobre el monto total lavado.
La investigación fue encabezada por la División de Campo de la DEA en Detroit y la División de Investigación Criminal del IRS, también en Detroit. Participaron además la Oficina de Residencia de la DEA en Austin, la Oficina en Lexington (Kentucky), la División de Operaciones Especiales de la DEA y oficinas en México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio. La amplitud geográfica de la coordinación refleja la escala de la red operada.
El procesamiento del caso quedó a cargo de la subdirectora Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y del subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky. La sentencia está programada para el 19 de noviembre de 2026, con una pena máxima de 20 años de prisión federal.
La declaración de culpabilidad se inscribe en el marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, orientado a desmantelar cárteles criminales y organizaciones de tráfico transnacional.
El caso no es aislado. El 30 de julio de 2026, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron en Miami a Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC —empresa de cambio de divisas con licencia en el Distrito Sur de California—. Según las autoridades, Kleiman blanqueó aproximadamente 750 mil dólares del narco a través de transacciones transfronterizas, cobrando una comisión del 10% por operación y eludiendo los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario. El caso derivó además en un cargo por homicidio por encargo: según la investigación, Kleiman pagó 40 mil dólares en efectivo y criptomonedas a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano.
Los dos casos ilustran un patrón que el aparato estatal mexicano no ha logrado —o no ha querido— interrumpir desde su propio territorio: el narco recauda en dólares al norte del Río Bravo y repatria el capital ya limpio hacia México. Las criptomonedas no son la causa del problema; son el conducto que el crimen organizado encontró ante la ausencia de controles efectivos en el lado mexicano de la ecuación. Mientras la coordinación interagencial estadounidense suma victorias procesales, la pregunta que queda sin respuesta es cuántas redes similares operan sin que ninguna fiscalía mexicana haya movido un solo expediente.
