El gobierno de Mendoza avaló la suspensión del servicio de colectivos en el área metropolitana a partir de las 21:30 de este sábado, en coincidencia con el partido de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La medida fue impulsada por el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (SiPeMOM) tras los incidentes registrados el martes pasado, cuando hinchas viajaron sobre los techos de unidades urbanas y sujetos a la parte trasera de los vehículos, además de producirse daños materiales en varios micros.
La interrupción no alcanza a la zona Este de la provincia. Los últimos recorridos partirán desde los controles de cada línea a las 21:30 y desde ese momento no habrá nuevas salidas, según informó Mendotran.
El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) solicitó a los establecimientos comerciales cerrar antes de las 21 para que el personal pueda regresar a sus hogares antes del corte. Fernando Ligorria, secretario general del gremio, señaló que una parte importante del sector ya respondió favorablemente, aunque algunas cadenas de supermercados todavía evalúan si mantendrán la atención según la demanda. Ligorria advirtió que priorizar las ventas por encima del bienestar de los trabajadores «deshumaniza las relaciones laborales». La decisión final, sin embargo, queda en manos de cada empresa.
En paralelo, la Policía de Mendoza montará un operativo de 300 uniformados —incluidos 30 bicipolicías— antes y después del encuentro. El jefe policial Marcelo Calipo explicó a Los Andes que el refuerzo preventivo abarca no solo el microcentro urbano sino el resto de la provincia. En el Kilómetro Cero se establecerá un anillo de seguridad en las cuatro calles de acceso, con control y requisa de ingreso, además de vallado de semáforos, cartelería y kioscos para evitar que los hinchas se suban a esas estructuras. En la calle Arístides Villanueva habrá controles en las dos primeras cuadras, y en Juan B. Justo presencia policial para resguardar comercios. La plaza de Godoy Cruz contará con efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).
Los números hablan solos: un servicio de transporte paralizado, 300 policías en la calle y un comercio que negocia horarios de cierre. El costo de la celebración descontrolada lo pagan los trabajadores que deben llegar a casa, los contribuyentes que financian el operativo policial y los comerciantes que resignan facturación. El orden público no es un capricho burocrático: es la condición mínima para que la actividad económica funcione. Cuando el Estado debe destinar ese volumen de recursos a contener desmanes previsibles, algo en la gestión preventiva falló antes del pitazo inicial.
