La Comisión de Hacienda del Senado despachó este lunes la megarreforma a la sala. El gobierno obtuvo el visto bueno en los plazos previstos. La mayoría de los artículos se aprobó con tres votos a favor y dos en contra, es decir, solo con votos del oficialismo.
El Ejecutivo logró suprimir una indicación que prohibía el anatocismo —cobro de interés sobre interés—, aprobada previamente por la Cámara de Diputados. Sin embargo, otra indicación se «coló» en el texto. Fue impulsada por los senadores Daniella Cicardini (PS), Beatriz Sánchez (FA), Ricardo Celis (PPD), Daniel Núñez (PC) y Gastón Saavedra (PS). Contó además con el voto del senador Rodolfo Carter (Ind.-Rep) en la comisión.
La indicación aprobada establece que los responsables del tratamiento de datos económicos, financieros, bancarios o comerciales deberán eliminar de sus registros —internos y de comunicación a terceros— la información sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales. El plazo: cuando la deuda se haya hecho exigible o se haya extinguido hace más de cinco años desde la entrada en vigencia de la ley.
El texto va más lejos. Prohíbe a las entidades financieras usar esa información eliminada como criterio para negar crédito, productos financieros o apertura de cuentas. Además, exige que toda denegación de crédito a una persona natural sea fundada por escrito, con los criterios objetivos que la sustentan.
Hoy la normativa vigente impide comunicar deudas de más de cinco años a terceros. Pero las instituciones sí conservan esos datos en sus registros internos y los utilizan para evaluar nuevas operaciones. La indicación aprobada eliminaría también ese uso interno. Desde la industria financiera advierten que la medida restringe la información disponible y la capacidad de gestión del riesgo.
La sala del Senado votará el texto el miércoles, aunque el vicepresidente Iván Moreira (UDI) señaló que los comités podrían adelantar la sesión al martes.
Lectura editorial. Capital busca reglas claras. Una norma que borra el historial crediticio no cancela el riesgo: lo redistribuye. Cuando un acreedor pierde información, sube el precio del crédito para todos o se contrae la oferta para los más vulnerables. El costo no lo absorbe la banca; lo paga el deudor que sí cumple, vía tasas más altas. Legislar sobre el síntoma —el dato negativo— sin atacar la causa —la deuda impaga— es política de titular, no de solución. El mercado ya votó: la industria financiera está en alerta, y con razón.
