La industria del entretenimiento con juegos y sorteos en México opera en un vacío legal que le cuesta caro al erario y a los propios usuarios. Más del 60% de las apuestas digitales se realizan con operadores fuera del marco regulatorio nacional, según datos citados en el análisis publicado por El Financiero. Esos operadores no contribuyen a la recaudación fiscal ni ofrecen las garantías que sí exigen las empresas legalmente establecidas.
Las dimensiones del sector son considerables. Actualmente funcionan 423 casinos en 30 entidades del país, bajo 38 permisionarias, con más de 100 mil máquinas autorizadas y alrededor de 80 plataformas de juego en línea reconocidas. En conjunto, el sector aporta alrededor del 0.5% del Producto Interno Bruto y genera cerca de 200 mil empleos directos e indirectos en una cadena que incluye tecnología, seguridad, turismo y servicios.
El problema de fondo es legislativo. La ley vigente fue concebida en un contexto que no contemplaba el juego digital, la innovación tecnológica ni la expansión de plataformas en línea. Ese rezago normativo dejó abierta la puerta a operadores informales que compiten sin las mismas cargas fiscales ni obligaciones de protección al usuario que enfrentan los actores formales.
La Secretaría de Gobernación y la industria mantienen actualmente un diálogo para construir una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos. El objetivo declarado es fortalecer la supervisión, fomentar la inversión y ofrecer reglas claras para todos los participantes. Una regulación moderna, señala la fuente, debe promover la competencia, incentivar la formalidad y colocar en el centro la protección de los usuarios y el combate a la ilegalidad.
El momento tiene además un componente de imagen internacional. La Ciudad de México fue elegida sede de SiGMA North America 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria del juego y las apuestas en el continente. El foro reúne a operadores, desarrolladores tecnológicos, inversionistas y reguladores, y posiciona al país como punto de referencia para el intercambio de mejores prácticas en América del Norte y Latinoamérica.
La lectura de Ágora Capital es directa: cuando más del 60% de un mercado opera en la informalidad, el problema no es la industria, es la regulación que la empuja a ella. Un marco jurídico obsoleto no protege al usuario ni recauda para el fisco; solo premia a quien evade y castiga a quien cumple. La oportunidad de modernizar las reglas existe hoy, con un sector organizado dispuesto a dialogar y una vitrina internacional encima. Si el aparato estatal mexicano aprovecha ese momento para construir certidumbre jurídica real —no burocracia adicional— el mercado responderá con inversión y empleos formales. Si lo desperdicia en regulación opaca o discrecional, el 60% informal seguirá creciendo. El capital no espera: busca reglas claras o busca otra plaza.
