El dirigente guayanés Hugo Maestre fijó una condición dura. Solo autoridades representativas, con control parlamentario y sujetas al imperio de la ley, pueden firmar acuerdos petroleros duraderos. Cualquier otra vía, dijo, es venta a precio de saldo.
Venezuela necesita reactivar su industria energética. Eso es un hecho que Maestre no niega. Pero advierte que la urgencia no puede convertirse en cheque en blanco para transacciones opacas.
El diagnóstico apunta a una convergencia riesgosa. En Washington, según Maestre, el movimiento MAGA opera con lógica transaccional. En Caracas, una élite sin legitimidad electoral encontró en ese pragmatismo un canal para preservar el poder a cambio de concesiones.
El síntoma más alarmante, dice Maestre, es la delegación del patrimonio nacional. Figuras sin credenciales técnicas ni industriales reciben facultades sobre la explotación petrolera. Su mérito principal, según el dirigente, es la cercanía al poder.
Maestre denunció además la creación exprés de firmas en paraísos fiscales como Barbados. Calificó esas maniobras como un acto de irresponsabilidad soberana, no de apertura económica.
También señaló un riesgo mayor. Corporaciones de este tipo buscarían alianzas con estamentos de seguridad como el Pentágono. Si una potencia madura avala ese esquema, dijo Maestre, compromete su estatura moral. Y debilita el estándar institucional del orden global.
Estados Unidos sigue siendo mercado natural para el crudo venezolano. Eso Maestre lo reconoce sin reservas. Pero insiste en que el intercambio no puede nacer de componendas entre bambalinas suscritas por aventureros de turno.
Un recurso que pertenece a todos los venezolanos, sostuvo, demanda acuerdos de Estado. No pactos de camarilla armados a espaldas del país.
Para Maestre, la renegociación de la deuda externa enfrenta el mismo problema de fondo. Solo tendrá validez jurídica internacional si Venezuela rescata primero su institucionalidad. Y eso, dijo, solo es posible con elecciones auténticas, competitivas y transparentes.
El planteamiento de Maestre coloca el debate donde debería estar. El petróleo no es activo de una camarilla ni moneda de cambio geopolítico. Es propiedad de una nación que necesita, ante todo, reglas claras y contratos que sobrevivan al gobierno que los firma.
Mientras Caracas carezca de mandato legítimo, cualquier convenio energético cargará una prima de riesgo país. Ese descuento lo paga el venezolano común, no el intermediario de turno. La lección de fondo es simple: sin instituciones, no hay capital duradero, solo negocios de ocasión.
