El presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcó el Día de la Independencia de Brasil con un discurso grabado en el Palacio de la Alvorada y transmitido por radio y televisión nacionales. Su mensaje central: «no somos, ni seremos, colonia de nadie».
Lula defendió la soberanía nacional en términos amplios —territorio, fronteras, medio ambiente, recursos y pueblo— y criticó indirectamente los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos brasileños. «Defendemos el libre comercio. Ningún gobernante extranjero tiene derecho a decirnos a quién podemos comprar y a quién podemos vender», sostuvo.
En el mismo discurso, el mandatario destacó la exploración de elementos de tierras raras en el país y de petróleo en el estuario del río Amazonas como parte de esa agenda soberanista.
El dato con impacto fiscal llegó después: el Senado aprobó el proyecto de ley que crea la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos (PNMCE), que incluye un fondo de garantía para estimular proyectos y un crédito fiscal de R$5.000 millones (US$975 millones) destinado a incentivar el procesamiento de minerales dentro de Brasil. Lula calificó la norma como el «marco legal que permitirá a Brasil transformar sus enormes reservas de minerales críticos y elementos de tierras raras en desarrollo y riqueza para el pueblo brasileño».
Los números primero. Un discurso que reivindica el «libre comercio» y, en el mismo párrafo, celebra un fondo de garantía estatal y casi mil millones de dólares en crédito fiscal para que el Estado decida qué minerales procesar y dónde, no describe libre mercado: describe política industrial financiada con recursos públicos. La retórica de soberanía —legítima como reclamo frente a aranceles externos— convive aquí con una intervención estatal que elige ganadores sectoriales, algo que ningún arancel extranjero le impone a Brasil; es una decisión interna.
El contraste no es menor para cualquier lector que siga el riesgo país: mientras se denuncia la injerencia de «gobernantes extranjeros» en las decisiones comerciales, el propio Estado brasileño amplía su margen de maniobra sobre el capital privado a través de garantías y créditos fiscales. Capital busca reglas claras, no subsidios selectivos disfrazados de independencia nacional. La pregunta que queda abierta es si ese fondo de R$5.000 millones terminará capitalizando proyectos rentables o subsidiando ineficiencias que el mercado, sin intervención, habría descartado por sí solo.
