El debate por una nueva Ley de Semillas volvió a la superficie durante la 138.ª Exposición Rural de Palermo. Un panel con representantes del Gobierno, entidades rurales y la industria semillera confirmó que el marco regulatorio vigente, con más de cinco décadas de historia, «está agotado». El consenso terminó ahí.
El presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, confirmó que el Gobierno trabaja en la modificación de la ley y en la adhesión de la Argentina al convenio UPOV-91, compromiso asumido en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. Famulari señaló que ese entendimiento «aceleró las conversaciones», aunque aclaró que la intención oficial es llegar al Congreso con un proyecto «ampliamente consensuado». Reconoció, sin embargo, que ese consenso difícilmente será absoluto: «Nadie va a quedar cien por ciento conforme».
La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, ratificó el rechazo de su entidad a UPOV-91 y reclamó una legislación propia dentro del marco de UPOV-78, adaptada a las particularidades del sistema productivo nacional. Su diagnóstico apuntó a otro flanco: «El gran problema de la Argentina ha sido la semilla ilegal», no el uso propio. Sarnari también reclamó un Inase con mayor capacidad de fiscalización y vinculó la falta de adopción tecnológica directamente a la presión fiscal. «Si no tuviéramos retenciones ni tantos impuestos regresivos, seguramente compraríamos más semillas, más fertilizantes y más tecnología», afirmó.
Famulari reconoció que el propio Estado tiene limitaciones para controlar la ilegalidad bajo la legislación vigente y que el Inase «carece de herramientas suficientes para actuar frente a situaciones de uso irregular de semillas».
Tomás Palazón, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), vinculó el atraso tecnológico más con la macroeconomía que con la legislación. Enumeró los cambios de reglas, los distintos esquemas de derechos de exportación, los tipos de cambio diferenciales y la presión tributaria como factores que impidieron planificar inversiones de largo plazo. Propuso tratamientos diferenciados según cultivo y tamaño de explotación, y que la clasificación de productores se realice por cantidad de hectáreas. «La discusión sobre semillas lleva treinta años. Esperemos que esta sea la última», dijo.
Desde la industria, la presidenta de la International Seed Federation (ISF), Lorena Basso, advirtió que la falta de protección de la propiedad intelectual desalienta la llegada de nuevos proyectos. «La innovación necesita un sistema que garantice el retorno de esas inversiones», sostuvo. Señaló que la Argentina reúne condiciones técnicas y recursos humanos para convertirse en un polo mundial de investigación genética.
El mensaje del mercado es claro: capital busca reglas claras. Mientras el aparato estatal no resuelva la ilegalidad que él mismo admite no poder controlar, y mientras las retenciones sigan absorbiendo el margen del productor, la discusión sobre propiedad intelectual seguirá siendo un debate de arquitectos en un edificio sin cimientos. La adhesión a UPOV-91, impulsada por el acuerdo con Estados Unidos, es una señal de dirección correcta para atraer inversión en biotecnología; pero su valor real depende de que el Estado construya, en paralelo, la capacidad de fiscalización que hoy reconoce que le falta. Sin eso, el mejor marco regulatorio del mundo no mueve un peso de inversión privada hacia el campo argentino.
