La Secretaría de Agricultura, que conduce Sergio Iraeta, convocó esta semana a representantes de la Mesa de Enlace, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Aapresid y la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) para avanzar en una modificación de la ley de semillas. También participaron Martín Famulari, presidente del Inase, y Eugenio Marí, subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación.
El resultado fue un «acercamiento», según coincidieron las fuentes consultadas tras el encuentro. El punto de encuentro: ambas partes reconocieron que debe haber productores exceptuados del pago de regalías por uso propio. El punto de fractura: cuántos y con qué criterio.
Dos propuestas, un abismo de hectáreas
La Federación Agraria Argentina (FAA), cuya presidenta Andrea Sarnari participó del encuentro, plantea eximir a quienes produzcan hasta 500 hectáreas en el conjunto de cultivos. Bajo ese criterio, el 80% de los productores —que concentran el 20% de la producción total de soja— quedarían fuera del pago. El 20% restante, responsable del 80% de la producción, pagaría uso propio por tres años.
ASA presentó una propuesta diferente. Según los cálculos de la FAA, el umbral semillero alcanzaría a productores de aproximadamente 47 hectáreas y cubriría cerca del 24% de la producción, sin llegar al 50% de los productores. La brecha entre 47 y 500 hectáreas resume la distancia que queda por recorrer.
El Gobierno propuso usar herramientas ya existentes —el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y el registro de Grandes Usuarios de Semillas (GUS) del Inase— para instrumentar los criterios. Coninagro, representada por Gustavo Gaich, informó que se acordó un criterio metodológico común: usar datos del SISA y diferenciar por deciles de tamaño. En una próxima reunión se definirá qué deciles quedan exentos.
UPOV-91: el nudo más difícil
Más allá del uso propio, el debate de fondo es la adhesión al convenio UPOV-91. Argentina integra hoy la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales bajo el Acta de 1978, considerada más flexible en materia de uso propio. El Gobierno mantiene su decisión de impulsar la adhesión al Acta de 1991, comprometida en el acuerdo con Estados Unidos, aunque busca llegar al Congreso con consensos previos.
La FAA se opone. Sarnari explicó que UPOV-91 extiende el derecho del obtentor a la semilla, la multiplicación y el producto final —los granos mismos—, lo que la entidad considera un alcance inaceptable. ASA y los semilleros, en cambio, respaldan UPOV-91 con reglamentación. El Gobierno aclaró que «no dispone de mucho tiempo» y que, de no alcanzarse consenso, definirá de todos modos.
Lectura editorial
Argentina produce el 20% de la soja del mundo y sigue operando bajo una ley de semillas de 1973. La modernización del marco regulatorio no es un capricho ideológico: es una condición para atraer inversión en biotecnología agrícola y honrar compromisos internacionales ya asumidos. Capital busca reglas claras, y el sector semillero global no esperará indefinidamente.
El riesgo real es el opuesto al que señala la Federación Agraria: sin protección intelectual robusta, el flujo de variedades de alto rendimiento hacia Argentina se resiente. La discusión sobre deciles y hectáreas es legítima; convertirla en un bloqueo a UPOV-91 sería confundir el instrumento con el problema.
