La ofensiva contra el lavado de activos mediante criptomonedas en Medellín, Envigado y Barranquilla dejó seis personas capturadas, en un operativo que incluyó 12 allanamientos y la participación de la DEA, la Policía Nacional y la Fiscalía, según confirmó la embajada de Estados Unidos.
Entre los detenidos figura Hugo Daniel Giraldo Santamaría, a quien las autoridades señalan como presunto socio de Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias El Sobri, sobrino de alias Douglas. La Fiscalía indicó que Giraldo sería investigado como cabecilla de una organización enfocada en lavar dinero en favor de esa estructura criminal mediante activos digitales.
Las autoridades incautaron más de 50 propiedades, avaluadas en más de 12 millones de dólares, equivalentes a 37.245 millones de pesos. Entre ellas aparecen viviendas en Medellín y Envigado, además de vehículos de alta gama. En el caso de Giraldo, quedó bajo custodia una mansión en la Loma de los Balsos y un carro de alta gama.
La Fiscalía señaló además que, en el curso de las indagaciones, encontró un entramado de sociedades que se habría usado para dar legalidad a recursos obtenidos de rentas ilegales entre 2018 y 2026. Mediante esa estrategia, dijo, se incorporaron más de 2,3 billones de pesos en activos digitales.
Los movimientos se habrían realizado a través de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros. En su mayoría, serían empresas con inexistente actividad económica e inconsistentes estados financieros.
Dentro de los detenidos también figuran Carolina María Giraldo, esposa de Hugo Daniel Giraldo Santamaría; Janeth Catalina Cano Santamaría, quien al parecer coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela, quien habría usado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa, presuntamente encargado de mantener ocultos los dineros a través de las sociedades investigadas.
De manera cautelar, el proceso incluyó la intervención de 36 propiedades en Medellín y Envigado, entre ellas cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio. La investigación también alcanza a alias El Sobri, detenido en Envigado en un proceso distinto por el secuestro extorsivo del influenciador caleño Roberto Felipe Mejía Caicedo.
En ese caso, la Fiscalía indicó que el influenciador habría sido citado en el centro comercial La Frontera para cerrar un negocio de criptomonedas, antes de ser retenido por 36 horas. Los delincuentes, dijo la entidad, pidieron 3.000 millones de pesos por su liberación y luego bajaron a 700 millones de pesos, que debían transferirse en criptomonedas.
El mercado ya votó hace tiempo por una conclusión incómoda: donde se mueven flujos opacos, la capitalización criminal encuentra margen y la propiedad privada termina convertida en vehículo del delito. Cuando el Estado y la justicia actúan con coordinación, el costo para esas redes sube y el incentivo a esconder dinero se reduce.
La lección para Colombia es clara. Sin reglas claras, supervisión real y persecución eficaz del lavado, la innovación financiera se pervierte y la libre empresa paga el precio reputacional. Lo que está en juego no es solo una investigación; es la credibilidad del sistema económico frente al dinero ilícito.
