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Las retenciones y la coparticipación redistributiva frenaron décadas de producción agropecuaria en el NOA y el NEA

Un análisis de docentes de la UCEMA y la UNT cuantifica cómo las políticas de economía cerrada golpearon de forma desproporcionada a las regiones extrapampeanas y por qué el cambio de rumbo aún debe profundizarse.
Imagen ilustrativa
sábado 1 de agosto de 2026

El declive económico argentino del último siglo no fue uniforme. Las regiones del NOA y el NEA absorbieron un impacto desproporcionado de la inestabilidad macroeconómica y de las políticas de economía cerrada, según un análisis publicado por docentes de la Universidad del CEMA y de la Universidad Nacional de Tucumán.

El costo laboral, la clave diferencial

En las producciones extensivas de la Pradera Pampeana —cereales y oleaginosas—, los costos laborales representan menos del 10% de los costos totales. En las actividades intensivas —hortalizas, frutas, ornamentales—, esos mismos costos pueden alcanzar el 50% o más. Son precisamente esas actividades intensivas las que concentran el mayor potencial productivo del NOA y del NEA. La fijación de salarios y condiciones laborales de forma uniforme para todo el país, sin considerar la productividad de cada jurisdicción, encareció esas producciones y expulsó capital humano de las regiones más pobres.

Retenciones y transporte: doble castigo al interior

Las retenciones al agro tampoco fueron geográficamente neutras: golpearon con mayor fuerza a las zonas extrapampeanas, alejadas de los puertos y de los centros de consumo masivo. La protección y regulación del sector transporte amplió esa brecha, encareciendo el acceso al mercado para producciones regionales que ya partían en desventaja.

El «efecto cautiverio» de la coparticipación

El análisis introduce un concepto preciso para describir el daño estructural: el «efecto cautiverio». Las transferencias automáticas de la coparticipación federal, dominadas por criterios redistributivos, permiten a los gobernadores aumentar el gasto público sin gravar a sus propios ciudadanos. Eso desincentiva el control del gasto, reduce la rentabilidad de las inversiones en infraestructura y eleva la de los planteles estatales. Además, modifica el precio relativo de bienes transables frente a no transables, generando una apreciación del tipo de cambio real que castiga la producción exportable —un mecanismo comparable al dutch disease— y deja a las economías regionales con escasa inserción internacional.

Dos años de cambio, autopista incompleta

Los autores reconocen avances concretos en los últimos dos años: descenso de la inflación, modificaciones en las leyes laborales, reducción de retenciones y eliminación de regulaciones que desalentaban la producción del interior. Sin embargo, advierten que esas medidas deben profundizarse. La «autopista al desarrollo», en sus palabras, requiere obras de infraestructura y una reforma de las reglas fiscales nación-provincias que abandone la coparticipación redistributiva.

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Desde Ágora Capital, el diagnóstico es nítido: décadas de aparato estatal sobredimensionado, presión tributaria diferencial y coparticipación que premia el gasto corriente sobre la inversión productiva convirtieron a las provincias del interior en economías dependientes del subsidio, no del mercado. El cambio de rumbo en curso apunta en la dirección correcta, pero el verdadero salto de productividad llegará solo cuando las reglas fiscales dejen de incentivar la burocracia provincial y permitan que el capital —y el trabajo— fluyan hacia donde la tierra y el clima ofrecen retornos reales. El NOA y el NEA no necesitan más transferencias; necesitan reglas claras y costos competitivos.

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