El aparato judicial brasileño apretó el cerco sobre el entorno directo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la semana previa al cierre de agosto. El juez Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorizó a la Policía Federal a abrir una tercera investigación contra Fábio Luís Lula da Silva, «Lulinha», por presuntos negocios ilícitos en dependencias del gobierno. Las dos causas anteriores —por tráfico de influencias en el Ministerio de Salud y en Dataprev, la empresa pública que administra los datos del INSS— ya tramitaban ante otro juez, André Mendonça.
Todas las causas se apoyan en la Operación Sin Descuento, que investiga el fraude a jubilados a través del INSS. Según cálculos oficiales, el esquema afectó a seis millones de beneficiarios. Los investigadores apuntan a los vínculos de Lulinha con la empresaria Roberta Luchsinger y con el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, detenido desde septiembre pasado.
El golpe no se detuvo en el hijo del presidente. Trascendió que Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como «Marcola», exjefe de gabinete personal de Lula y coordinador de agenda en su campaña a la reelección, había recibido un préstamo de 249.000 reales de la propia Luchsinger. El PT intentó sostenerlo inicialmente, pero la presión pudo más: Marcola pidió dejar el comité de campaña para evitar mayor desgaste al oficialismo.
El propio Lula había declarado una semana antes, en el podcast Inteligência Ltda, que su hijo «no tiene derecho a equivocarse» y que sería «tratado como hijo de cualquier persona». El abogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, apuntó en dirección contraria: acusó a sectores de la Policía Federal de actuar «al servicio de intereses político-electorales».
La oposición leyó el momento con rapidez. Flavio Bolsonaro —senador e hijo del expresidente preso— presentó como candidato a vicepresidente al diputado por Alagoas Alfredo Gaspar, relator de la comisión parlamentaria que investigó el fraude al INSS y que pidió la imputación de más de 200 personas, entre ellas la prisión preventiva del propio Lulinha. «Lulinha, Marcola y los fraudes del INSS tienen que discutirse en la campaña», declaró Gaspar a CNN Brasil.
La fórmula opositora, sin embargo, no llega sin flancos expuestos. Flavio es investigado por la Policía Federal por presuntamente haber solicitado dinero a Daniel Vorcaro —el banquero preso y dueño de Banco Master— para financiar una película sobre su padre. Y Gaspar arrastra desde marzo una denuncia por parte de rivales políticos; el caso llegó al STF, donde el juez Gilmar Mendes otorgó 15 días a la senadora denunciante, Soraya Thronicke, para aportar pruebas concretas.
El contexto electoral lo resume una encuesta de Atlas Intel, realizada con Bloomberg: el 47% de los brasileños considera «muy probable» que surja un nuevo gran escándalo de corrupción en los próximos seis meses. Solo el 14% lo ve poco probable. La corrupción y la seguridad pública encabezan las preocupaciones del electorado de cara a octubre.
Para Creomar de Souza, socio fundador de la consultora Dharma en Brasilia, el patrón es estructural: «Desde las crisis de 2013, la corrupción se convirtió en un fantasma estructural para el PT». En una sociedad «polarizada afectivamente», agrega, cada electorado justifica lo que hace su candidato y condena lo mismo cuando lo hace el rival.
El mercado político brasileño muestra lo que ocurre cuando el Estado crece sin controles: el dinero de los contribuyentes —en este caso, el de millones de jubilados— termina siendo el botín de redes que operan dentro del propio aparato estatal. Que la corrupción sea hoy la principal preocupación del electorado no es un accidente; es la factura acumulada de décadas de gobierno expandido y rendición de cuentas diferida. La pregunta de octubre no es solo quién gana, sino si Brasil tiene instituciones suficientemente independientes para que la respuesta la dé un juez antes que una urna.
