La Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó el amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en el marco del caso Odebrecht. El fallo, dado a conocer el 13 de julio y redactado bajo la ponencia del magistrado Carlos Alberto Reyes, determinó que la jueza de primera instancia Baloisa Marquínez no violó derechos fundamentales al conducir el juicio sin tramitar una asistencia judicial para la comparecencia de testigos brasileños.
El recurso fue interpuesto por Carlos Carrillo, integrante del equipo defensor de Martinelli. La defensa argumentaba que la decisión de Marquínez de no gestionar la presencia de Mónica Moura y João Santana —para que pudieran ser repreguntados sobre declaraciones rendidas ante la fiscalía— constituía una violación de los derechos de su cliente. El tribunal rechazó ese razonamiento.
El fallo precisa que, tras analizar el recurso, no se logró establecer «consideraciones de hecho con suficiente relevancia jurídica que permitan inferir que nos encontramos ante un acto potencialmente lesivo de los derechos fundamentales». La Corte advirtió además que la defensa pretendía utilizar al máximo tribunal como una tercera instancia para invalidar una decisión de primera instancia, uso que excede el alcance del amparo constitucional.
Moura, esposa del publicista João Santana —estratega de la campaña presidencial del candidato José Domingo Arias en 2014—, había declarado que se reunió con Martinelli en el Palacio de las Garzas para negociar el costo de la campaña: $21 millones. Según su relato, $16 millones serían pagados por Odebrecht, $4,5 millones por el partido Cambio Democrático y $500 mil fueron entregados por el propio Martinelli en un maletín. Martinelli participó del juicio a través de Zoom desde Colombia.
El despacho de Marquínez trabaja actualmente en la sentencia que dictará contra los 21 procesados que enfrentaron el juicio, concluido el 27 de febrero. La fiscal Ruth Morcillo solicitó condena para 16 de ellos. La jueza deberá resolver además varios incidentes de nulidad y de prescripción de la acción penal, así como pronunciarse sobre la situación de Aaron Mizrachi Malca, juzgado por separado.
Para Ágora Capital, el rechazo del amparo es una señal de que el sistema judicial panameño mantiene sus propios contrapesos institucionales frente a maniobras dilatorias. Capital busca reglas claras, y eso incluye procesos penales que lleguen a su término sin que recursos de última hora paralicen la justicia. La sentencia final —con 21 procesados y $16 millones de Odebrecht sobre la mesa— pondrá a prueba la solidez del Estado de derecho en Panamá, un factor que los inversores y socios comerciales del país observan con atención directa.
