La mina Cobre Panamá permanece cerrada desde noviembre de 2023. Ese mes, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión. El debate sobre su futuro no se ha cerrado.
El abogado que interpuso las dos demandas de inconstitucionalidad —contra las leyes de concesiones de 1996 y 2023— sostiene que el fallo va mucho más allá de anular un contrato. Según su lectura, los considerandos del Pleno establecen un precedente que bloquea cualquier concesión futura de minería a cielo abierto en el país.
El argumento descansa en la sentencia misma. El Pleno escribió: «la protección del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente de las futuras generaciones tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho de naturaleza económica, incluyendo el derecho a la inversión». Esa frase no es decorativa. Es el razonamiento que sostiene el dispositivo.
La mecánica jurídica es directa. Cada vez que el Estado intente otorgar una nueva concesión minera a cielo abierto, cualquier ciudadano podrá interponer una demanda de inconstitucionalidad. Los argumentos ya existen. Los fallos de 2017 y 2023 los proveen. La Corte tendría entonces dos opciones: mantener su criterio o contradecirse.
Varios abogados han sostenido que el fallo solo anuló el contrato específico. El litigante antiminero rechaza esa lectura. Señala que los considerandos son la herramienta técnica que permite sustentar apelaciones y nuevas demandas. Sin ellos, la jurisprudencia no funciona como sistema.
La conclusión que extrae es radical: para permitir nuevamente la minería a cielo abierto, cualquier gobierno tendría que eliminar de la Constitución los derechos fundamentales que la Corte ponderó. Eso no es una reforma ordinaria.
Lo que esto significa para el capital.
El gobierno del presidente Mulino ha apostado por la estabilidad jurídica como señal al inversor. Cobre Panamá era el activo minero más grande de la región. Su cierre ya costó empleos directos, exportaciones y regalías. El fallo de 2023 no es solo un precedente ambiental; es un mapa de riesgo regulatorio que cualquier operador del sector debe leer antes de comprometer capital en Panamá.
La libre empresa requiere reglas predecibles. Cuando un tribunal constitucional eleva un principio ambiental por encima del derecho a la inversión y lo convierte en doctrina, el mercado toma nota. El capital minero no desaparece; migra hacia jurisdicciones donde el marco legal es estable. Panamá acaba de fijar el suyo con una claridad que, independientemente del mérito ambiental del argumento, tiene un costo fiscal y de productividad que el país pagará en los próximos años.
