El 25 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó al gobierno de Trump en una decisión de 7 a 2: Bayer, matriz de Monsanto y fabricante del herbicida Roundup, queda protegida de demandas estatales por presuntos riesgos de cáncer, porque la regulación federal no exige que la compañía advierta sobre esos riesgos.
Miles de juicios por «falta de advertencia», presentados por personas que afirman haber desarrollado cáncer tras usar Roundup, se esperan ahora bloqueados. El glifosato —producido en Estados Unidos únicamente por Bayer— se aplica sobre 300 millones de acres de tierra agrícola cada año, según la fuente.
Horas después del fallo, el presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo que incluye una «Regenerative Feedstock Rule» propuesta por el USDA, destinada a conectar a los agricultores que adopten prácticas regenerativas con nuevos mercados. La simultaneidad de ambos eventos generó reacciones inmediatas entre los activistas del movimiento «Make America Healthy Again» (MAHA).
«Millones de votantes que se identifican con MAHA están extremadamente decepcionados», declaró la activista Kelly Ryerson, conocida en redes como Glyphosate Girl. «El momento fue muy triste porque estábamos muy emocionados con la orden ejecutiva, y entonces llegó la decisión de la Corte Suprema. Eso nos quitó mucho impulso».
Scott Faber, vicepresidente senior de Asuntos Gubernamentales del Environmental Working Group, cuestionó el alcance real del decreto: «No es dinero nuevo; es mover dinero dentro de programas para financiar prácticas que ya estaban siendo financiadas».
Días después del fallo judicial, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aprobó mayor uso de dos químicos «forever» que pueden aplicarse en cultivos dentro de Estados Unidos. Ryerson sostuvo que la industria interpretó el decreto ejecutivo como respaldo para esa aprobación: «La EPA dijo que la orden ejecutiva les daba apoyo para hacer esto con los forever chemicals, lo cual nunca fue la intención».
La EPA, consultada por la fuente, respondió que «cada uno de estos pesticidas superó una de las revisiones más rigurosas, transparentes y basadas en ciencia del mundo» y que solo registra un producto cuando sus científicos concluyen que no causará efectos adversos irrazonables.
En cuanto al glifosato, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) —organismo adscrito a la Organización Mundial de la Salud— lo clasifica como probable carcinógeno, según consigna la fuente. Faber resumió la tensión: «La administración intenta tenerlo de las dos maneras. La evaluación MAHA de mayo de 2025 describió un entorno en que nuestros hijos estaban siendo envenenados por una mezcla tóxica de pesticidas. Pero en la práctica, la segunda administración Trump otorgó o buscó inmunidad legal para las empresas de pesticidas y aprobó nuevos pesticidas fabricados con químicos forever como ingrediente».
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Desde Ágora Capital, la contradicción es legible en términos de incentivos y reglas claras. Un decreto que reorienta fondos existentes sin tocar la estructura regulatoria de fondo no cambia los precios relativos para el agricultor: si el glifosato sigue siendo legal, barato y sin responsabilidad civil, la economía del campo no se mueve hacia prácticas distintas. El capital privado que financia cadenas de suministro regenerativas necesita certeza jurídica y señales de precio coherentes, no retórica verde superpuesta a un marco que protege al insumo que pretende desplazar.
El libre mercado funciona cuando las externalidades están bien asignadas. Si los costos de salud quedan fuera del balance de quien vende el herbicida —por decisión judicial o por regulación federal que bloquea la responsabilidad estatal— el mercado no está libre: está subsidiando al incumbente. Esa es la paradoja que el movimiento MAHA, más allá de sus divisiones internas, ha puesto sobre la mesa.
