El gobierno anunció un acuerdo con Autopista Central para rebajar las tarifas del TAG, en un entendimiento que comenzará a regir el 1 de enero de 2027, una vez que se complete la revisión administrativa.
Según el Ejecutivo, la rebaja será de 10% en la tarifa base durante los horarios regulares y de 25% en los períodos punta y de saturación. El beneficio quedará para quienes paguen sus cuentas dentro de los primeros 60 días, por lo que no incluirá a los usuarios con deudas morosas.
La contraprestación tiene un costo claro: el acuerdo suma 20 meses al período vigente. Así, la operación de la autopista, que originalmente debía concluir en agosto de 2034, se prolongaría hasta abril de 2036.
Parisi fue uno de los primeros en cuestionar la fórmula. Dijo que era «muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias» y sostuvo que el Presidente «nuevamente se equivoca». También planteó que había que «hacer la tarea y tirar los números».
El dirigente del Partido de la Gente criticó además que se ampliara el plazo de la concesión como parte del trato. A su juicio, bajar 10% la tarifa en horario regular y 25% en hora punta, mientras se extiende el período concesionado, «es un mal negocio».
Parisi también puso sobre la mesa el marco legal. Según su planteamiento, el Presidente podría reducir los cobros de manera unilateral mediante el artículo 19 de la Ley de Concesiones. Además, dijo que lo correcto sería negociar «tanto un precio de piso como un precio de techo para las utilidades de las concesionarias».
La medida forma parte de las negociaciones que el Ejecutivo mantiene con las concesionarias de las autopistas urbanas de Santiago. Hasta ahora, Autopista Central es la única que ha llegado a un entendimiento con el MOP, mientras las conversaciones con las demás empresas siguen abiertas.
El gobierno estima que la reducción beneficiará a cerca de 1,7 millones de usuarios mensuales de la ruta. Pero el descuento estará condicionado al cumplimiento de los plazos de pago. En otras palabras: no es una rebaja universal, sino un alivio focalizado para quienes están al día.
El mercado ya votó. Cuando una rebaja depende de extender la concesión, la pregunta de fondo no es solo cuánto baja la tarifa, sino quién paga la cuenta final. Si el Estado negocia sin poner límites claros a las utilidades, el ajuste termina descansando sobre los mismos de siempre: los usuarios cumplidores y la clase media emergente.
Capital busca reglas claras. Un esquema así puede aliviar el flujo mensual de algunos conductores, pero también refuerza la lógica de que el costo se traslada en el tiempo. Para el contribuyente indirecto, el riesgo no desaparece; solo cambia de calendario.
