El viernes 10 de julio fue un día de turbulencias para el equipo económico del presidente José Antonio Kast. A las 17:29 horas, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz regresó a la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado con una decisión tomada: retirar la indicación que rebajaba el impuesto corporativo del 27% al 22%, un punto porcentual por debajo del 23% acordado en el proyecto original.
La indicación, ingresada la noche anterior, desplomó en cuestión de horas el acuerdo que el gobierno había tejido con los senadores del PPD Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal. Para ese partido, la base de negociación siempre fue el 23%; cualquier cambio alteraba las cifras que ellos mismos habían propuesto. El senador PC Daniel Núñez fue el primero en alertar el problema en sala.
Quiroz había sostenido públicamente que el acuerdo con el PPD «se restringe exclusivamente al tema de la invariabilidad y no toca otros temas». Su argumento técnico tenía lógica: al añadir una sobretasa permanente de 1,5% para proyectos que opten por la invariabilidad, la tasa efectiva quedaba en 24,5% y no en 23%. Eso, según Hacienda, justificaba partir de un guarismo base más bajo. El problema fue que ese razonamiento nunca quedó formalizado con el PPD.
«Su error fue no advertir el asunto del 22%. Debió haberlo dejado estampado, por último, en una servilleta», dijo un senador oficialista, según consigna La Tercera.
El incendio político obligó a actuar al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Pasadas las 17:20, se comunicó directamente con Quiroz a través del asesor político de Hacienda, Felipe Donoso. «Jorge, estamos con un problema político; está en juego lo que habíamos comprometido; el problema con el PPD es delicado, hay que bajar la indicación», le planteó Alvarado. La respuesta de Quiroz fue inmediata: «Estoy pensando lo mismo; vuelvo a la sala y la bajo».
Lo que trascendió después fue aún más revelador: según confidencia La Tercera desde La Moneda, la solución acordada entre Alvarado y Quiroz fue informada al propio presidente Kast, quien monitoreó el asunto en medio de sus actividades.
No todos aplaudieron la retirada. Los senadores Rojo Edwards, Rodolfo Carter y Javier Macaya rechazaron la decisión en distintos tonos. Su argumento: los votos para aprobar el 22% estaban, el acuerdo con el PPD no incluía el impuesto corporativo y el proceso había llegado a un punto de no retorno. El presidente de la comisión, Macaya, resumió el episodio con una frase que ya circula en los pasillos del Senado: «Bienvenido a la política, ministro Quiroz».
El episodio expone una tensión de fondo en la megarreforma: la diferencia entre optimizar la arquitectura técnica del impuesto —que era la lógica de Quiroz al proponer el 22%— y administrar los compromisos políticos que hacen viable la aprobación. Cuando ambas dimensiones chocan, en los gobiernos que necesitan mayorías legislativas, la política suele ganar.
Desde la línea editorial de Ágora Capital, el resultado es agridulce. Una rebaja al 22% habría mejorado la competitividad tributaria de Chile en un contexto regional donde el capital es móvil y las empresas comparan reglas. Perder ese punto porcentual por un malentendido de coordinación —no por una derrota en votos— es el tipo de costo que se paga cuando la gestión política no acompaña la ambición técnica. El mercado no perdona la señal de un Ejecutivo que negocia dos veces el mismo acuerdo.
