La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida y nombrada por Barack Obama en 2011, desestimó el lunes la demanda de $10 mil millones que el presidente Donald Trump, sus dos hijos mayores y la Trump Organization presentaron contra el IRS y el Departamento del Tesoro.
El tribunal determinó que la acción fue promovida con un «propósito impropio»: legitimar un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia que habría creado un llamado «Anti-Weaponization Fund». Además, Williams remitió al abogado Alejandro Brito al Colegio de Abogados de Florida para una posible acción disciplinaria.
El origen del litigio
La demanda nació tras la filtración de los registros fiscales confidenciales de Trump por parte del contratista del IRS Charles Littlejohn, quien se declaró culpable de un cargo de divulgación no autorizada de información tributaria. El caso ocurrió en 2019.
Trump y sus co-demandantes reclamaban al menos $10 mil millones en daños por la falla del IRS en proteger esa información.
El fondo que no fue
El plan contemplaba destinar los recursos del acuerdo a compensar a presuntas víctimas de «lawfare» gubernamental y a frenar auditorías del IRS sobre las finanzas de Trump. Demócratas lo calificaron como un «fondo de caja negra» para beneficio personal del presidente y sus aliados.
Tras la presión política, el Fiscal General en funciones Todd Blanche retiró esa cláusula del acuerdo propuesto. El fondo fue eliminado antes de que el tribunal emitiera su fallo.
Las palabras de la jueza
Williams fue directa en su resolución: «Las partes aquí no son actores privados en una disputa ordinaria», escribió. «El demandante principal y los demandados son servidores públicos —el pináculo del Poder Ejecutivo— juramentados para cumplir la ley, desempeñar fielmente sus funciones y proteger los intereses del público estadounidense».
El tribunal concluyó que Trump utilizó el litigio para avanzar sus propios intereses mientras ejercía control sobre la agencia federal que había demandado.
La lectura de Ágora Capital
El episodio deja una lección sobre el uso del aparato legal como instrumento político: cuando el Estado litiga contra sí mismo para crear fondos discrecionales, los tribunales —incluso los nombrados por administraciones opuestas— terminan poniendo freno. El mercado y los contribuyentes no necesitan «fondos antiarmamentización»; necesitan reglas claras, agencias predecibles y procesos sin conflicto de interés.
Lo que sí queda en pie es la pregunta de fondo: la filtración de Littlejohn fue real, el daño reputacional fue real y la condena penal existió. Que el mecanismo de resarcimiento haya sido mal diseñado no borra la vulneración original. Capital busca reglas claras, y eso incluye proteger la confidencialidad fiscal de cualquier contribuyente, sin importar su nombre.
