Una jueza federal de Miami bloqueó el lunes el acuerdo que el Departamento de Justicia de la administración Trump había negociado con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La jueza de distrito Kathleen Williams concluyó que la demanda fue presentada con un «propósito indebido»: validar judicialmente un pacto que otorgaba amplias protecciones fiscales y de auditoría al presidente, a su familia y a sus empresas.
El acuerdo incluía la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a las víctimas de la presunta «instrumentalización del gobierno». Williams determinó que los términos fueron negociados mediante un engaño al tribunal, con fines tanto personales como políticos.
En su orden de 56 páginas, la magistrada fue categórica: «El demandante principal [Trump] y el Gobierno son uno, un interés unitario plenamente realizado», lo que convierte a la demanda en «no contenciosa, colusoria e improcedente desde el punto de vista jurisdiccional». En otras palabras, las dos partes que supuestamente litigaban no eran adversarias reales.
El fallo anuló de hecho el acuerdo. Además, impide que los implicados en el caso de Miami —incluidos Trump y sus hijos— hagan referencia al pacto o citen sus términos en futuros procedimientos legales. La consecuencia práctica es inmediata: el IRS queda habilitado para continuar con auditorías sobre las declaraciones de impuestos del presidente.
La decisión está pendiente de una posible apelación, lo que mantiene el asunto en el terreno judicial durante un período indeterminado.
Lectura editorial
El caso pone sobre la mesa una tensión que trasciende la figura de Trump: los límites del poder ejecutivo cuando un presidente es, al mismo tiempo, parte demandante y parte demandada a través de su propio Departamento de Justicia. La jueza Williams no cuestionó la política fiscal en sí, sino algo más elemental — la integridad del proceso judicial como mecanismo de control.
Para los defensores del libre mercado y del estado de derecho, el fallo es un recordatorio de que las instituciones importan en ambas direcciones. Un acuerdo que exime de auditorías a funcionarios en ejercicio y crea fondos millonarios sin base contenciosa real no es una victoria para la libre empresa; es exactamente el tipo de privilegio regulatorio que distorsiona la igualdad ante la ley. Capital busca reglas claras — y las reglas claras no admiten excepciones cosidas en privado.
