El secretario del Tesoro, Bessent, anunció que el IRS revisará y revocará el estatus de exención fiscal de las universidades privadas que apliquen preferencias raciales en admisiones, becas, préstamos y atletismo. La medida extiende al ámbito tributario el fallo de la Corte Suprema de 2023 en los casos Students for Fair Admissions, que declaró inconstitucional la acción afirmativa basada en raza en las admisiones universitarias.
En esa sentencia, el presidente del tribunal, Roberts, afirmó: «Eliminar la discriminación racial significa eliminarla toda». La administración Trump cita ese precedente como fundamento directo de la acción del IRS.
Bessent también advirtió que el gobierno identificará y sancionará la práctica de «rebautizar» políticas raciales como «equitativas, inclusivas o potenciadoras de la diversidad» para eludir los límites constitucionales. Según la fuente, algunas universidades han renombrado sus oficinas de Diversidad, Equidad e Inclusión como «Pertenencia», «Éxito Estudiantil» o, en el caso de Harvard, «Oficina para la Vida Comunitaria y del Campus».
En paralelo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que prohíbe a las universidades privadas que reciben apoyo federal participar en boicots a Israel o impedir intercambios estudiantiles con instituciones israelíes. La legislación obtuvo el respaldo de 33 demócratas que cruzaron el pasillo. La norma no exige que las universidades tengan campus en Israel ni programas de intercambio de profesores; solo impide que una agenda antisemita avance en instituciones financiadas con dinero federal.
El contexto financiero de la educación superior estadounidense agrava la presión regulatoria. Un reporte reciente del Wall Street Journal concluyó que algunas de las universidades más costosas —15 de las cuales cobran más de 100.000 dólares anuales— generan valor negativo en términos de los ingresos futuros de sus graduados. La matrícula registra una caída sostenida.
Desde Ágora Capital, el cuadro es nítido: durante décadas, la burocracia universitaria creció sobre la base de subsidios federales y exenciones fiscales mientras entregaba un producto de valor decreciente. El contribuyente financió la expansión de aparatos administrativos dedicados a la ingeniería social, no a la formación de capital humano productivo. La revisión del IRS no es un ataque a la educación; es la consecuencia lógica de aplicar las mismas reglas que rigen a cualquier entidad que recibe trato preferencial del Estado.
El mercado ya había votado: matrícula en caída, deuda estudiantil récord y retornos negativos son señales que las universidades ignoraron mientras el dinero público seguía fluyendo. Si las instituciones quieren conservar sus exenciones, la respuesta es simple: mérito, transparencia y rendición de cuentas. Capital busca reglas claras, y las reglas acaban de cambiar.
