India estableció un derecho antidumping definitivo de US$118,55 por tonelada sobre el coque metalúrgico colombiano de bajo contenido de ceniza, vigente durante los próximos cinco años. El precio de referencia del producto en el mercado indio se ubicó entre US$225 y US$230 por tonelada durante 2025, según la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), lo que convierte el gravamen en aproximadamente la mitad del valor comercial del bien.
La Dirección General de Medidas Comerciales de la India notificó oficialmente al Estado colombiano el 29 de marzo de 2025 sobre el inicio de la investigación antidumping. En noviembre de ese mismo año se divulgaron los resultados preliminares. Fenalcarbón asegura haber advertido oportunamente al Ministerio de Comercio en ambas instancias.
El informe final de la autoridad investigadora india revela que, pese a que la Embajada de Colombia fue notificada, ningún productor o exportador colombiano respondió el cuestionario requerido durante el proceso. La decisión se sustentó, por tanto, únicamente en la información aportada por los productores indios.
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, fue directo: «Como consecuencia de esta negligencia y omisión por parte del Gobierno, la autoridad india decidió imponer un derecho antidumping definitivo, vigente durante los próximos cinco años, significando un gravamen que equivale a cerca de la mitad del valor comercial del coque y que, en la práctica, hace inviable competir en ese mercado».
El peso económico de la pérdida es concreto. Solo en 2022, Colombia exportó hacia India 678.579 toneladas de coque por un valor FOB superior a US$163 millones, cifra que llegó a representar hasta el 18% de las exportaciones nacionales del producto. El coque metalúrgico, derivado del carbón y producido principalmente en Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, es el principal producto industrial de exportación de esa región.
Fenalcarbón advirtió además que la ausencia de defensa institucional durante el proceso internacional podría derivar en acciones judiciales contra el Estado por parte de las empresas afectadas. El gremio hizo un llamado al nuevo Gobierno y al entrante ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, para que activen mecanismos diplomáticos, comerciales y jurídicos que mitiguen el daño.
«No estamos frente a una decisión inevitable del mercado. Estamos frente a una oportunidad que el Estado dejó perder por falta de gestión», concluyó Cante.
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El caso ilustra con precisión quirúrgica el costo real de un Estado que abandona a sus exportadores en nombre de una agenda ideológica hostil a la industria extractiva. Mientras el Gobierno Petro debatía la transición energética y restringía el carbón térmico —con pérdidas de más de cinco billones de pesos en regalías según la Contraloría—, dejaba desprotegido un sector que genera divisas, empleo formal y desarrollo regional en departamentos que no tienen sustituto inmediato. El capital busca reglas claras y defensa institucional; cuando el aparato estatal renuncia a proveerlas, el mercado cobra la factura. La pregunta que hereda el nuevo Gobierno no es menor: ¿cuántos mercados más se perdieron en silencio?
