El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) encendió una señal de alerta sobre México: la combinación de alta incertidumbre en torno al T-MEC, el freno a la inversión privada, la dinámica fiscal y la política monetaria le resta 0.5 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB, según un reporte liderado por Martín Castellano, jefe de Investigación para América Latina de la institución.
El IIF pronostica un crecimiento de 0.9% en 2026 y de 1.1% en 2027, cifras que quedan por debajo del promedio de los últimos 20 años del país —1.6%— y del crecimiento regional. El diagnóstico es directo: México sigue «atrapado en un patrón conocido de bajo rendimiento donde la débil inversión actúa como principal limitación».
Inversión extranjera directa modesta
El instituto proyecta una inversión extranjera directa de entre 2% y 2.5% del PIB durante los próximos dos años, cifra que describe como «muy por debajo de las remesas recibidas y modesta en comparación con otros países de la región». Los flujos de cartera de no residentes también se mantendrán bajos y concentrados en deuda soberana; la menor demanda extranjera de bonos y acciones locales, estima el IIF, se compensaría con la participación de fondos de pensiones e inversionistas institucionales nacionales.
La incertidumbre sobre el futuro del T-MEC afecta sobre todo las decisiones de inversión —en particular la componente extranjera— más que los flujos comerciales. El IIF anticipa que las revisiones del acuerdo no generarán «una relocalización significativa de la producción ni una corrección importante de los desequilibrios comerciales».
Riesgo institucional en ascenso
El reporte señala que, tras la reforma judicial y las medidas que debilitaron organismos reguladores, los controles y equilibrios se han «erosionado aún más» por los cambios propuestos en el sistema electoral, lo que «incrementa significativamente el riesgo institucional y afecta la confianza del mercado». A ello se suman la fragilidad fiscal reflejada en recientes rebajas de calificación crediticia, medidas intervencionistas en el mercado laboral que elevan la carga regulatoria, ineficacia regulatoria en energía e infraestructura y persistentes deficiencias en seguridad pública.
Sobre el Plan México, el IIF reconoce que la iniciativa «ha tenido buena acogida», pero advierte que «persisten las preocupaciones sobre la ejecución, los mecanismos de financiamiento y el papel del sector privado».
El déficit de inversión, concluye el instituto, no solo lastra el crecimiento: también «erosiona las finanzas públicas, limita la flexibilidad de la política monetaria y aumenta la vulnerabilidad a las perturbaciones externas».
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Los números del IIF confirman lo que el mercado ya descontó hace meses: capital busca reglas claras, y México no las está ofreciendo. Un entorno donde la reforma judicial debilita los contrapesos, el sector energético permanece cerrado a la inversión privada y el crimen organizado opera sin contención efectiva no es un entorno donde el dinero productivo quiera quedarse. La oportunidad del nearshoring —una ventana histórica impulsada por la reconfiguración de cadenas globales— se estrecha con cada trimestre de parálisis regulatoria e incertidumbre institucional. El costo no lo paga el aparato estatal; lo paga el trabajador formal que no llega a serlo y el contribuyente que financia un gasto público creciente sin el respaldo de una economía que crezca.
