Varios hospitales de Antioquia han suspendido o restringido la atención a afiliados de Coosalud, la EPS intervenida por el Gobierno Nacional, ante los constantes incumplimientos en los pagos por parte de esa entidad. El municipio de El Bagre es el caso más documentado, aunque la medida ya se extiende a Urabá, el Suroeste y el Occidente del departamento.
El Hospital Nuestra Señora del Carmen, de El Bagre, fue el primero en confirmar la restricción de servicios. La institución la justificó como respuesta a la «crisis financiera institucional provocada por los constantes incumplimientos en los pagos por parte de la entidad promotora de salud». Según informó ese centro hospitalario, los pagos de Coosalud representan aproximadamente el 80% de sus ingresos totales. La falta de esos recursos le impide cumplir con el pago de nóminas, proveedores e insumos médicos esenciales.
A la fecha, el Hospital Nuestra Señora del Carmen no ha logrado formalizar los contratos para la vigencia del año 2026, lo que genera incertidumbre sobre la planificación de los servicios para la comunidad de El Bagre y sus alrededores.
Las directivas del hospital aclararon que, en cumplimiento de la normativa de salud, se garantizará de forma permanente la atención de urgencias y todos aquellos servicios que pongan en riesgo la vida de los pacientes, sin importar su afiliación. Sin embargo, calificaron los incumplimientos de Coosalud como «una violación grave a sus obligaciones legales y contractuales».
Según la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia (AESA), la crisis se origina en que Coosalud no postuló los pagos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La AESA confía en que esa semana se realicen los giros respectivos.
Los números hablan solos. Cuando una EPS bajo intervención estatal concentra el 80% de los ingresos de un hospital rural y no gestiona los giros ante Adres, el daño no es administrativo: es clínico y financiero al mismo tiempo. Las instituciones hospitalarias, muchas de ellas empresas sociales del Estado que operan con márgenes mínimos, no tienen colchón de caja para absorber esa clase de omisiones.
Desde Ágora Capital, el patrón es conocido: la intervención gubernamental sobre una EPS no resuelve el problema de flujo; lo traslada. Los hospitales de Antioquia son hoy el eslabón más débil de esa cadena, y sus comunidades —las más alejadas, las de menor acceso— pagan el precio de una gestión que no cierra cuentas. Capital busca reglas claras; sin ellas, ni los proveedores ni los pacientes pueden planificar.
