La crisis financiera del sistema de salud colombiano tiene una cifra concreta: $25,7 billones de pesos. Eso es lo que las EPS le deben hoy a hospitales y clínicas del país. Lo revela un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), construido con información de 232 instituciones prestadoras de salud (IPS).
El dato más alarmante no es el total. Es la composición. Cerca del 60% de esas obligaciones corresponde a cartera vencida. Buena parte proviene de EPS intervenidas, lo que ha secado la liquidez de prestadores en distintas regiones.
Nueva EPS concentra la mayor preocupación. Su deuda con las IPS se acerca a los 7 billones de pesos. De ese monto, más del 62% está en mora. Es la aseguradora con la cartera más alta dentro del estudio del gremio.
La ACHC advierte que una liquidación de Nueva EPS, sin mecanismo de pago garantizado, agravaría el cuadro. La experiencia histórica es clara: cuando una aseguradora entra en liquidación, los hospitales recuperan apenas entre el 10% y el 15% de las deudas pendientes. Eso ocurre después de haber absorbido los costos de atención médica, medicamentos, insumos y nómina.
El gremio presentó un decálogo de propuestas al nuevo gobierno durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas. Las prioridades son cinco. Primero, un plan de choque para mejorar la liquidez del sistema. Segundo, definir el futuro de las EPS intervenidas. Tercero, crear un fondo de garantías o mecanismos de insolvencia que protejan a las IPS. Cuarto, actualizar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con información más oportuna. Quinto, fortalecer el giro directo hasta un mínimo del 90%, con criterios transparentes.
El presidente de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, también anticipó resultados de un estudio internacional sobre 99 sistemas de salud. Según ese análisis, Colombia ocupa el puesto 38 en la medición con indicadores de 2024. El informe evalúa talento humano, financiación, gobernanza, fortaleza institucional y cobertura efectiva.
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Lo que heredará el próximo gobierno no es solo una deuda. Es el resultado acumulado de años de intervención estatal sin disciplina financiera. El aparato regulatorio permitió que EPS operaran en insolvencia mientras los hospitales absorbían el costo real. Cuando una aseguradora quiebra, el contribuyente no recupera nada; tampoco el prestador. Solo pierde el paciente.
El decálogo de la ACHC apunta en la dirección correcta: reglas claras, giro directo, mecanismos de insolvencia. Capital —en este caso, el capital hospitalario— no puede seguir financiando un sistema que no le paga. El nuevo gobierno tiene una ventana estrecha para actuar. Cada mes de demora profundiza el hoyo.
