La prolongada ausencia de lluvias golpea al sector agrícola de Honduras con una dureza que las autoridades ya no pueden minimizar. El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, admitió que una parte importante de las siembras realizadas este ciclo «ya se perdieron, probablemente se pierde el 100%», y anticipó que habrá que recurrir a ayuda alimentaria para los productores afectados.
El escenario es especialmente crítico en departamentos como Olancho y El Paraíso, donde reportes señalan pérdidas en cultivos de frijol y una disminución considerable en las tierras sembradas. La propia SAG había advertido previamente a los agricultores que evitaran sembrar en municipios con alta probabilidad de escasas precipitaciones. Muchos optaron por mantener sus ciclos. El resultado está a la vista.
La respuesta del aparato estatal
Frente a la emergencia, la SAG ejecuta un programa de rehabilitación de sistemas de riego en distintas zonas del país. A eso se suma un proyecto de perforación de pozos que se desarrollará con apoyo de la cooperación japonesa. La pieza central del anuncio es la negociación de un financiamiento internacional por 30 millones de dólares —equivalentes a 804 millones de lempiras— destinado a ampliar la infraestructura hídrica y fortalecer la capacidad de respuesta del sector ante futuras temporadas secas.
Molina aseguró que los programas de apoyo llegarán a los agricultores «sin distinción política» y que los recursos se dirigirán a quienes resultaron efectivamente afectados por la emergencia. La declaración, bienvenida en el discurso, deberá verificarse en la ejecución.
La voz del sector privado
Dulio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Granos (Prograno), reconoció que las respuestas implementadas ayudan a enfrentar la emergencia, pero fue directo: no resuelven la vulnerabilidad histórica del agro frente a sequías recurrentes. Medina sostuvo que Honduras necesita ampliar la infraestructura de riego, fortalecer la captación de agua y desarrollar políticas permanentes, no solo planes de contingencia activados cuando el daño ya está hecho.
Las pérdidas agrícolas no se quedan en el campo. Cada caída en la producción nacional incrementa la presión sobre el mercado interno y puede obligar a depender de mayores importaciones para cubrir la demanda de granos básicos, con el consecuente impacto en precios para el consumidor.
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La secuencia hondureña ilustra un patrón conocido en la región: el Estado llega tarde, con financiamiento externo y promesas de infraestructura que debieron construirse hace una década. Mientras el aparato burocrático negocia 30 millones de dólares, los productores cuentan cosechas perdidas. Capital busca reglas claras y horizonte predecible; el campo hondureño tiene ambos en déficit crónico. La solución de fondo no es más gasto de emergencia, sino un marco de inversión privada en riego, tecnología agrícola y seguros de cosecha que no dependa del ciclo electoral ni de la cooperación internacional para funcionar.
