El periodista y dirigente político Omar González Moreno fijó posición sobre el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Respaldó a María Corina Machado. Su frase resume el argumento: «El petróleo venezolano no puede convertirse en moneda de cambio para prolongar a un poder ilegítimo».
González Moreno destacó un señalamiento previo de Machado. Según él, ella «puso el dedo en la llaga al señalar que los enemigos de Estados Unidos están en Miraflores».
El dirigente distingue entre negocio y soberanía. «Se puede negociar petróleo, atraer inversiones y reconstruir la industria», afirmó. Pero trazó un límite: «lo que nadie puede negociar es la libertad de Venezuela».
Citó también a Machado en un punto central. Ella sostiene que «El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo». Para ambos, un acuerdo de esa magnitud exige otra contraparte: «un gobierno serio y democrático».
González Moreno planteó preguntas directas sobre el proceso. «¿Quién firma? ¿Qué firma? ¿Por cuánto tiempo?», cuestionó. Añadió: «¿Quién garantiza esos compromisos y qué reciben los venezolanos?». Su conclusión: «No pueden hipotecar el futuro del país entre cuatro paredes».
El dirigente aclaró que Machado no rechaza la relación con Washington. Tampoco objeta la llegada de capital internacional. Su argumento es otro: la mejor garantía para Estados Unidos y para cualquier inversionista es un gobierno elegido por voto popular, con instituciones sólidas y seguridad jurídica.
«Queremos inversión norteamericana y mundial. Queremos producir millones de barriles y recuperar nuestra economía», dijo González Moreno. Pero insistió en el orden de prioridades: «primero necesitamos democracia. Sin legitimidad política no existe seguridad jurídica duradera».
El dirigente de Vente Venezuela exigió además transparencia sobre empresarios, intermediarios y capitales que participan en las operaciones petroleras. Mencionó específicamente el caso de figuras como Alejandro Betancourt, que ha sido objeto de investigaciones internacionales, según señaló.
Cerró con una distinción entre recurso y país. «Venezuela no son únicamente 300 mil millones de barriles», dijo. «Venezuela son millones de ciudadanos que tienen derecho a elegir su destino». Y remató: «Nuestro petróleo jamás puede valer más que nuestra libertad».
El mensaje final fue una condición, no un rechazo: «Que vengan las inversiones y que vuelva la prosperidad, pero con democracia y soberanía popular». Y una advertencia: «Venezuela se abre al mundo, pero Venezuela no se vende».
El planteamiento toca un punto que el mercado conoce bien. Ningún contrato de largo plazo sobrevive sin garantías institucionales. Un régimen sin legitimidad puede firmar hoy y desconocer mañana. Eso encarece cualquier inversión, aunque el barril suene atractivo.
La propiedad del subsuelo, en última instancia, no es solo un activo geológico. Es también un derecho político. Capital busca reglas claras, y las reglas claras solo las da una institucionalidad reconocida por sus propios ciudadanos.
