El Gobierno electo de Abelardo De La Espriella emitió un pronunciamiento formal de rechazo a la reforma tributaria que la administración de Gustavo Petro busca impulsar antes del 7 de agosto. La propuesta apunta a recaudar $21,9 billones adicionales en 2027, equivalentes al 1% del PIB.
El comunicado del equipo entrante fue directo: los colombianos «no deben pagar los errores del Gobierno saliente». Calificó de «inaceptable» trasladar a ciudadanos, familias, emprendedores y sectores productivos el costo de lo que describió como cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos.
La propuesta del Gobierno saliente se estructura en cuatro ejes. El primero elimina beneficios tributarios y aportaría $6,7 billones; incluye subir gradualmente el IVA a la gasolina y el ACPM hasta el 10%, gravar biocombustibles y elevar del 5% al 19% el IVA a vehículos híbridos. El segundo eje —y el de mayor peso, con $8,5 billones proyectados— reduce de diez a tres salarios mínimos el umbral para que las empresas accedan a exoneraciones en aportes a salud, SENA e ICBF.
El tercer componente busca $3,4 billones en progresividad: baja el umbral del impuesto al patrimonio de 72.000 a 40.000 UVT, crea tarifas marginales de hasta el 5% para patrimonios mayores, sube la sobretasa al sector financiero del 5% al 15% de forma permanente y eleva la tarifa máxima de renta de personas naturales del 39% al 41% —con efecto principal a partir de 2028—. El cuarto eje recaudaría $3,2 billones vía IVA del 19% a licores, mayores impuestos a cigarrillos y vapeadores, un impuesto al consumo del 19% para eventos de esparcimiento que superen los $500.000 y la eliminación de la exención de IVA para importaciones de bajo costo inferiores a US$200.
Analistas y congresistas citados por la fuente consideran que la iniciativa tiene escasas posibilidades de aprobarse: al Gobierno Petro le restan pocos días hábiles de actividad legislativa y no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso.
De La Espriella anunció que a partir del 7 de agosto impulsará una política económica basada en disciplina fiscal, eficiencia del gasto público y crecimiento, bajo el marco de lo que denominó la reconstrucción de la «Patria Milagro».
El cuadro es nítido para quienes entienden cómo funciona el capital. Una reforma tributaria de este calibre —diseñada en los últimos días de un gobierno sin mayorías y sin mandato renovado— no es política fiscal; es una cuenta de cobro política. Reducir el umbral de exoneraciones laborales de diez a tres salarios mínimos encarece directamente la nómina formal y golpea el empleo que Colombia necesita con urgencia. La inversión privada no regresa donde las reglas cambian cada legislatura. Que el mercado ya haya descontado el fracaso probable de la iniciativa no es un accidente: el capital busca reglas claras, y esta reforma no las ofrece.
