La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, salió esta semana a explicar los prolongados cortes eléctricos que asfixian a la entidad con un argumento nuevo: los terremotos del pasado 24 de junio y las más de 1.400 réplicas registradas desde entonces habrían afectado subestaciones del sistema interconectado nacional.
El giro discursivo es significativo. Durante años, el aparato oficial venezolano recurrió a la incidencia climática para justificar las fallas. Ahora Sánchez apunta a los sismos, aunque tampoco en esta ocasión presentó soluciones técnicas inmediatas ni anunció mejoras de infraestructura.
Según la funcionaria, los daños en el sistema impiden aprovechar plenamente los 600 megavatios que aporta la planta Termo Carabobo, energía que se comparte con Aragua para intentar sostener el servicio local. La situación, dijo, «disminuye cualquier tipo de esfuerzo gubernamental».
Mientras tanto, habitantes de Aragua y Carabobo denunciaron esta misma semana que enfrentan hasta dos tandas horarias de racionamiento. El contraste con el discurso oficial es directo: el pasado 4 de marzo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un plan de racionamiento de 45 días a partir de esa fecha, pero los cortes se mantienen meses después en numerosos estados del interior del país.
En aquella oportunidad, Rodríguez justificó el racionamiento por el «pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte», que según dijo implicaría 45 días de sol directo sobre Venezuela. Los 45 días pasaron; los apagones, no.
Sánchez también advirtió durante su alocución sobre ciudadanos que, según ella, «aprovechan» la crisis para convocar a la agresión y la violencia, recordando que «la ley habla de tener corresponsabilidad a la hora de una manifestación». La advertencia llegó en paralelo al anuncio de que las autoridades continúan desplegadas en la entidad y de que se adelantan gestiones con empresas como General Electric y Siemens para atender la crisis del sistema interconectado.
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Lo que los venezolanos de Aragua y Carabobo viven cada día es el resultado acumulado de décadas de desinversión en infraestructura crítica. Los terremotos agravaron una red ya deteriorada; no la crearon. Cuando una gobernadora reconoce que la situación «disminuye cualquier esfuerzo gubernamental» sin presentar un solo cronograma de reparación ni un monto de inversión verificable, el mensaje real es que el Estado no tiene capacidad ni recursos para resolver el problema.
El capital busca reglas claras y suministro confiable. Ninguna empresa —ni las que Sánchez mencionó— puede operar en un entorno donde el servicio eléctrico depende de réplicas sísmicas imprevisibles y de planes de recuperación que llevan anunciándose, según el propio registro oficial, desde 2009. La crisis energética de Venezuela no es un fenómeno natural: es la factura de un modelo que expulsó la inversión privada y dejó al Estado a cargo de lo que el Estado nunca supo administrar.
