El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, volvió a la carga contra la política comercial de Donald Trump. En una entrevista en el podcast The Takeaway with Alex, aseguró que las familias de su estado asumieron un costo promedio de 1.700 dólares extra como consecuencia directa de los aranceles impulsados por la administración republicana.
Según Pritzker, millones de consumidores absorbieron los costos derivados de esa política comercial federal porque muchas empresas trasladaron parte de las cargas a los precios finales de sus productos.
El detonante: 86.000 millones en reembolsos
El reclamo del gobernador cobró fuerza después de que comenzaron a procesarse más de 86.000 millones de dólares en reembolsos destinados a empresas que pagaron determinados aranceles posteriormente cuestionados ante la Justicia, según AFP. Esos pagos están vinculados a una demanda impulsada por el Liberty Justice Center junto con varias compañías que objetaron la legalidad de algunos de esos aranceles.
Los demandantes sostienen que los llamados aranceles del «Día de la Liberación» fueron aplicados mediante una interpretación incorrecta de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La organización mantiene además otra demanda relacionada con recargos implementados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y sostiene que aún deben resolverse los daños ocasionados por esas medidas.
La respuesta del Liberty Justice Center
Sara Albrecht, directora ejecutiva del Liberty Justice Center, rechazó la propuesta de enviar cheques a las familias. Su argumento es técnico: resulta muy difícil calcular cuánto dinero pagó de más cada consumidor. Albrecht explicó que las empresas reaccionaron de manera diferente frente al aumento de costos — algunas trasladaron los incrementos a precios finales, otras los absorbieron para mantener competitividad — y que muchas compañías registraron una caída en ventas como consecuencia del encarecimiento de ciertos productos, un efecto que considera complejo de medir con precisión.
Los tribunales tendrán que definir de manera definitiva si la aplicación de esas medidas se ajustó a la legislación vigente.
La lectura de Ágora Capital
El episodio ilustra una tensión clásica en política comercial: cuando el Estado interviene los precios vía aranceles, los costos se dispersan entre millones de consumidores en fracciones difíciles de rastrear, mientras los beneficios se concentran en sectores específicos. Que los reembolsos fluyan hacia las empresas — actores con capacidad jurídica para litigar — y no hacia los hogares no es una anomalía burocrática; es la mecánica natural del aparato regulatorio.
Pritzker tiene razón en señalar que el consumidor pagó parte de la cuenta. Pero su solución — cheques estatales financiados con más gasto federal — añadiría otra capa de redistribución sobre el problema original. La respuesta de mercado es más directa: reglas comerciales predecibles, aranceles bajos y tribunales que arbitren con rapidez. Capital busca reglas claras, no compensaciones discrecionales.
