Ciento veinte familias afrodescendientes del Consejo Comunitario de Bocas de Atrato, en Turbo, Antioquia, tendrán por primera vez acceso permanente a electricidad gracias a la instalación de paneles solares en cada vivienda. La comunidad, ubicada a orillas del río Atrato donde este desemboca en el mar Caribe, llevaba más de cinco décadas sin servicio continuo de energía.
La inversión asciende a cerca de $4.400 millones de pesos, aportados por la Gobernación de Antioquia a través de su Secretaría de Ambiente y la Dirección de Electrificación. La ejecución está a cargo de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA), según informó la secretaria de Ambiente, Beatriz Elena Pabón Acevedo.
El proyecto se enmarca en un convenio más amplio entre la Secretaría de Ambiente y VIVA por cerca de $30.000 millones, orientado a instalar 580 soluciones individuales fotovoltaicas en más de 27 municipios y siete subregiones del departamento.
La Gerencia de Afrodescendientes de la Gobernación acompañó al Consejo Comunitario durante más de un año en la estructuración de la propuesta y realizó seguimiento al proceso de ejecución. La instalación de los sistemas se realizó con participación directa de los moradores y bajo criterios de sostenibilidad ambiental, con énfasis en la conservación de los manglares y la protección de la fauna y flora de la zona del Urabá antioqueño, de acuerdo con la misma fuente.
Según la Gobernación, el acceso a la energía permitirá a las familias conservar alimentos y medicamentos, fortalecer actividades productivas y mejorar las oportunidades educativas para niños y jóvenes.
Lectura editorial
El caso de Bocas de Atrato ilustra una realidad que el debate político suele ignorar: la infraestructura básica —no la retórica— es la que transforma comunidades. Más de cincuenta años sin electricidad continua en un territorio colombiano no es un accidente; es el resultado acumulado de un Estado central que históricamente no llegó.
Que sea la institucionalidad departamental —con recursos propios y ejecución concreta— la que cierra esa brecha habla bien del modelo de gestión descentralizada. Capital privado y tecnología fotovoltaica confluyen aquí con financiamiento público territorial: el resultado es productividad, cadena de frío para alimentos y medicamentos, y posibilidades reales de inversión local. Cuando las reglas son claras y el ejecutor es eficiente, el dinero del contribuyente rinde.
