En la 26.ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), celebrada en Río de Janeiro, Médicos Sin Fronteras (MSF) lanzó una exigencia pública a Gilead Sciences y a los gobiernos para garantizar el acceso mundial al lenacapavir, un antirretroviral inyectable que se administra solo dos veces al año y ofrece una eficacia cercana al 100% en la prevención del VIH.
La tensión central es de precio y de geografía. En Estados Unidos, el costo anual por paciente ronda los 28.000 dólares. El costo estimado de producción, según los registros de la conferencia, se calcula en menos de 40 dólares anuales. MSF exige que el medicamento no supere esa segunda cifra en los mercados de ingresos bajos y medios.
Lo que agrava el reclamo es la paradoja de participación. Brasil, Argentina, México y Perú —países donde se realizaron los ensayos clínicos fundamentales para la aprobación mundial del fármaco— quedaron excluidos del acuerdo que habilitaría versiones genéricas más económicas. «Es inaceptable que las comunidades hayan participado en los ensayos clínicos que permitieron aprobar y comercializar el lenacapavir en distintos países del mundo y que, aun así, las personas aquí sigan sin poder acceder a este medicamento», sostuvo Antonio Flores, asesor senior en VIH y tuberculosis de la Unidad Médica para África Austral de MSF, según recoge la fuente.
MSF también informó que Gilead restringió el suministro en regiones como Brasil y se negó a vender el medicamento directamente a sus programas médicos. La organización lanzó además una campaña global en redes y plataformas digitales para ampliar la presión sobre la farmacéutica.
En el plano jurídico, la conferencia recordó que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS) de la OMC habilita licencias obligatorias: mecanismos que permiten romper el monopolio de una patente para producir genéricos. Brasil ya utilizó esas herramientas en el pasado. MSF llamó a Perú y otros países a considerar acciones similares si la situación persiste.
Algunas versiones genéricas podrían llegar al mercado en el próximo año, pero solo fabricantes autorizados podrán producirlas y su comercialización se limitará a un grupo reducido de países, excluyendo a Perú y otras naciones latinoamericanas, según los registros de la conferencia.
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El caso expone una fricción legítima y compleja: sin retorno sobre la inversión en I+D, la innovación farmacéutica se detiene; sin acceso, el avance científico queda como vitrina. Ágora Capital no suscribe la lógica de confiscar patentes por decreto, pero sí señala que la exclusión de países que aportaron los ensayos clínicos —y asumieron el riesgo de sus poblaciones— debilita el argumento moral de Gilead y, a largo plazo, el propio sistema de propiedad intelectual que lo protege.
La salida sostenible no pasa por licencias obligatorias como primer reflejo del Estado, sino por acuerdos de precio diferenciado negociados con transparencia. Cuando una farmacéutica fija un precio 700 veces superior al costo de producción en mercados que financiaron con sus pacientes la aprobación regulatoria, el capital político que sostiene la protección de patentes se erosiona. Gilead tiene un incentivo propio para encontrar esa fórmula antes de que los gobiernos la impongan.
