El acuerdo entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los senadores del PPD sobre la megarreforma tributaria no cerró el debate: lo encendió hacia adentro de la propia oposición chilena.
El pacto modifica la cláusula de invariabilidad tributaria que originalmente contemplaba 25 años para inversiones superiores a US$ 50 millones. Con el nuevo esquema, la invariabilidad será de 10 años para proyectos de hasta US$ 100 millones, de 15 años para inversiones de hasta US$ 350 millones, y se mantiene en 25 años solo para proyectos superiores a US$ 500 millones. A cambio, el PPD descartó impulsar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este punto.
La reacción del Frente Amplio fue inmediata y sin matices. El senador Diego Ibáñez calificó el entendimiento sin ambigüedades: «Es un pésimo acuerdo». Ibáñez argumentó que la iniciativa ignora a las pequeñas y medianas empresas y que las tasas pactadas son, según sus palabras, «incluso inferiores a las que hizo la dictadura en su momento». Aunque evitó atribuir mala fe al senador del PPD Ricardo Celis —«nunca voy a percibir mala fe de una persona que quiere mejorar un proyecto»—, reafirmó su rechazo al texto.
La senadora Beatriz Sánchez fue igualmente directa: «Yo lamento mucho que el PPD haya llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz». Sánchez sostuvo que «estaban las condiciones para seguir como oposición firmes frente a un proyecto que desfinancia al Estado y que tiene claros vicios de inconstitucionalidad». El resto del bloque opositor, indicó, prepara una presentación ante el Tribunal Constitucional.
La fractura es relevante. El PPD, al separarse de la estrategia común, privó al bloque de la cohesión necesaria para bloquear el proyecto por la vía constitucional en ese punto específico. El Frente Amplio, en cambio, elige la ruta judicial.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio ilustra una tensión que el mercado observa con atención: la invariabilidad tributaria no es un privilegio corporativo, es el instrumento que permite a un inversionista calcular el retorno de un proyecto a largo plazo. Reducirla de 25 a 10 o 15 años para proyectos medianos no elimina la incertidumbre regulatoria; la concentra precisamente en el tramo de inversión donde el riesgo país pesa más.
Que la izquierda del oficialismo critique el acuerdo por «favorecer a las grandes empresas» revela el verdadero eje del debate: no es reforma técnica, es señal de precio para el capital. Y cuando la señal es ambigua —un acuerdo que satisface a nadie y que aún enfrenta un requerimiento constitucional—, el flujo de inversión simplemente espera. El mercado ya votó: la claridad jurídica vale más que cualquier cláusula negociada a mitad de tramitación.
