El Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad), entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad, suscribió un contrato con la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S. por hasta $30.275.999.986 para garantizar la operación del programa Jóvenes en Paz durante cuatro meses.
La vigencia del contrato va del 1 de julio al 31 de octubre de 2026. Gustavo Petro concluye su mandato el 7 de agosto y el Ministerio de la Igualdad habrá desaparecido como cartera independiente antes de que el contrato expire. En la práctica, el gobierno entrante heredará la ejecución, supervisión y continuidad del acuerdo.
El documento, publicado por el congresista Daniel Briceño, autoriza la vinculación de 1.270 trabajadores en misión: 1.016 en el Equipo Territorial, 164 profesionales de atención integral a jóvenes en contextos críticos, 75 funcionarios para la Unidad de Gestión y 15 integrantes del Equipo Gerencial de Apoyo. El propio contrato advierte que esa cifra es una proyección y podrá incrementarse, disminuirse o redistribuirse según necesidades del servicio y disponibilidad presupuestal.
Laborando S.A.S. recibirá un anticipo de $9.082.799.996, equivalente al 30 % del valor estimado, una vez se perfeccione el contrato, se aprueben las garantías y se suscriba el acta de inicio. Para ese desembolso, el contratista deberá constituir una póliza que respalde el manejo del dinero público.
El contexto agrava la lectura del gasto. El propio presidente Petro reconoció el año pasado, en un consejo de ministros televisado, los resultados del programa: «Hay que comenzar a hablar del fracaso de la política de Jóvenes en Paz. Habíamos planteado 100.000 jóvenes. 432 es nada». En esa misma sesión atribuyó la baja cobertura a ataques de «la derecha» y admitió que la magnitud del programa era «pírrrica».
Críticos advierten que la decisión de amarrar más de $30.000 millones en la recta final del gobierno constituye una estrategia para blindar políticamente el programa y trasladar su costo operativo a la siguiente administración.
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Desde Ágora Capital, el cuadro es transparente: un ministerio en liquidación compromete recursos del contribuyente colombiano para sostener, más allá de su propia existencia institucional, un programa que su propio promotor calificó de fracaso. El anticipo de más de $9.000 millones sale ya de caja pública; el siguiente gobierno —con otra agenda y sin haber diseñado el programa— deberá administrar un contrato que no pidió ni puede renegociar fácilmente en el corto plazo.
Capital busca reglas claras: la contratación pública en la recta final de un gobierno debería estar sujeta a umbrales de revisión obligatoria. Cuando el aparato estatal compromete gasto que ata las manos de quien viene, no está ejecutando política social; está hipotecando la caja del sucesor.
