El senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro protagonizó dos movimientos de alto voltaje político esta semana en Brasil: cuestionó ante representantes de más de 40 países y organizaciones internacionales la transparencia del sistema de urnas electrónicas, y su partido presentó una denuncia formal ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por una presunta red de propaganda digital irregular.
La reunión con diplomáticos
En un encuentro reservado con el cuerpo diplomático, Flávio Bolsonaro afirmó que las urnas electrónicas brasileñas tienen «el mismo origen» que las de la empresa venezolana Smartmatic, y citó un informe de la CIA sobre vulnerabilidades electorales en Venezuela. Al mismo tiempo, aclaró que no estaba «cuestionando el sistema de votación brasileño» y pidió el envío de «la mayor cantidad posible de observadores» a los comicios de octubre.
El TSE rechazó esa lectura. El tribunal precisa desde 2020 que Smartmatic nunca suministró urnas ni software para elecciones en Brasil, sino que se limitó a capacitar a profesionales de apoyo técnico y operativo, y que todo el sistema es desarrollado y gestionado exclusivamente por la Justicia Electoral de forma encriptada.
El episodio remite al precedente de 2022, cuando Jair Bolsonaro convocó a embajadores en el Palacio de la Alvorada para poner en duda el voto electrónico. Ese acto derivó en una condena: en junio de 2023, el TSE lo declaró inelegible hasta 2030 por abuso de poder político y uso indebido de los medios públicos.
La denuncia por propaganda irregular
El Partido Liberal (PL) presentó ante el TSE una denuncia por la supuesta existencia de una red de perfiles falsos en redes sociales. Según el comunicado del partido, la red empleó decenas de cuentas ficticias para difundir contenido falso y contratar publicidad política irregular mediante un esquema que habría movilizado cerca de tres millones de reales —unos 588.235 dólares— de origen desconocido.
El coordinador de la precampaña, Rogério Marinho, afirmó que las investigaciones preliminares apuntan a una estructura de cerca de 20.000 perfiles falsos y un volumen de recursos que podría superar los veinte millones de reales, equivalentes a unos 3,9 millones de dólares. «La investigación apenas certificó menos del 20% de ese universo», sostuvo Marinho tras reunirse con el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, a quien solicitó una medida cautelar para preservar pruebas durante el receso judicial.
La denuncia, firmada por la abogada Maria Claudia Bucchianeri, describe una «organización criminal digital» con patrones identificables: fechas de creación de cuentas próximas, números telefónicos con el mismo código de área, dominios similares y descripciones genéricas. El PL también detectó anuncios pagados en moneda extranjera —dólares estadounidenses y pesos colombianos— y estimó que el esquema movilizó más de 588.000 dólares en publicidad. El partido solicitó al TSE autorización para rastrear el flujo de recursos e identificar a patrocinadores y responsables de la infraestructura técnica.
Lectura de Ágora Capital
Lo que está en juego en Brasil no es solo una disputa técnica sobre urnas: es la pregunta de quién financia la conversación política y con qué reglas. Una red que opera con fondos de origen desconocido, en moneda extranjera y con 250 millones de visualizaciones acumuladas no es un fenómeno marginal; es infraestructura electoral con financiamiento opaco.
El mercado observa este ciclo electoral con cautela. Capital busca reglas claras, y una campaña donde el origen del dinero no puede rastrearse envía exactamente la señal contraria: incertidumbre institucional antes de que se emita el primer voto.
