Los números no admiten evasión. La siniestralidad de las EPS —la relación entre gastos e ingresos por Unidad de Pago por Capitación (UPC)— alcanzó el 109,5% durante 2025. El patrimonio consolidado del sector registró un saldo negativo de $10,2 billones. Y la deuda acumulada entre EPS, hospitales, clínicas y prestadores ronda los $25,7 billones. Con esas cifras sobre la mesa, Fedesarrollo publicó el documento «Sistema de salud en Colombia: una salida de crisis en varias etapas», una hoja de ruta dirigida al gobierno que asuma en 2026.
El diagnóstico del centro de estudios es preciso: «El sistema de salud colombiano no atraviesa una crisis de arquitectura institucional, sino de financiamiento, incentivos y gobernanza». En tres décadas, Colombia pasó de asegurar a menos del 25% de la población a una cobertura cercana al 99%. Ese salto histórico, sin embargo, no estuvo acompañado de un aumento suficiente de los recursos que financian el sistema. La «insuficiencia crónica de financiamiento», advierte Fedesarrollo, es «una amenaza tanto o más grave» que la corrupción.
La crisis dejó de ser un problema contable. Según el investigador asociado Jairo Núñez, coautor del documento, «el gasto de bolsillo del quintil más pobre subió cerca de 71% en un solo año, y para muchas familias eso significa tener que elegir entre comprar un medicamento o la comida». Los datos lo confirman: ese gasto pasó del 7% al 12% del ingreso familiar entre 2023 y 2024. En paralelo, durante 2025 se presentaron 312.500 tutelas en salud y 1,93 millones de reclamos por barreras de acceso a medicamentos, procedimientos y tecnologías.
Fedesarrollo propone evitar dos extremos: refundar completamente el sistema o congelarlo sin ajustes. La agenda escalonada incluye, en los primeros 100 días, ajustar progresivamente la UPC con criterios técnicos verificables, sanear las deudas entre ADRES, EPS, IPS y operadores farmacéuticos mediante un mecanismo de compensación, y garantizar el abastecimiento de medicamentos con una inyección extraordinaria de liquidez. A mediano plazo, el documento plantea diseñar una senda de financiamiento sostenible frente al envejecimiento poblacional.
Sobre los incentivos, el centro es directo: «El sistema premia hoy la contención defensiva de costos más que la calidad, el acceso y los resultados en salud». La propuesta es ligar parte de los pagos a indicadores de calidad y resultados clínicos, y publicar métricas comparables de desempeño entre EPS e IPS. En territorios rurales —donde en cerca de once departamentos, unos 3,5 millones de personas en el 45% del territorio carecen de oferta médica— el modelo propuesto apunta a Centros de Salud Familiar Rural y telemedicina, no a competencia entre aseguradores.
Desde Ágora Capital, el cuadro es inequívoco: un sistema que acumula $25,7 billones en deudas intersectoriales y opera con patrimonio negativo no necesita más ideología, necesita solvencia. La reforma de Petro apostó por desmantelar actores privados; Fedesarrollo demuestra con datos que el problema nunca fue quién administra el riesgo, sino que el Estado no financió correctamente lo que prometió cubrir. El próximo gobierno heredará una cuenta enorme — y la obligación de pagarla con criterio técnico, no con retórica.
