Daniel Ortega lleva en el poder desde 2007. Antes presidió Nicaragua de 1985 a 1990 y coordinó la Junta de Gobierno de 1979 a 1985. En total, acumula treinta años al frente del Estado.
El 19 de julio, durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, el dictador fue explícito: «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder». No fue retórica. Fue programa.
El martes, el Parlamento —subordinado al Ejecutivo— presentó una reforma constitucional. El mandato presidencial pasaría de seis a siete años prorrogables. La reforma también excluiría a opositores tildados de «golpistas» o «traidores a la patria». El mecanismo es sencillo: sin rivales, no hay derrota posible.
Kevin Michael O'Reilly lo interpreta con precisión quirúrgica. El ex encargado de negocios de Estados Unidos en Managua, miembro del Servicio Exterior Superior y ex integrante del Consejo de Seguridad Nacional, escribió esta semana que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, «claramente harán todo lo posible para salir del poder solo con los pies por delante». No habrá proceso electoral sin resultado predeterminado a su favor, según O'Reilly.
El fantasma de 1990 explica mucho. Ortega perdió ante Violeta Chamorro en las urnas. Según O'Reilly, esa derrota «sigue doliendo como una amarga humillación». Las protestas de 2018 agravaron la herida: revelaron un descontento profundo hacia el FSLN. Desde entonces, el régimen no hizo más que «una pantomima fraudulenta de proceso electoral».
La arquitectura del control se consolidó en febrero de 2025. Se creó la copresidencia de Murillo. Las elecciones se pospusieron de noviembre de 2026 a noviembre de 2027. Los poderes legislativo, judicial y electoral quedaron subordinados explícitamente al Ejecutivo. La reforma actual, dice O'Reilly, «simplemente continúa ese proceso».
Las edades importan. Ortega cumplirá 81 años en noviembre. Murillo acaba de cumplir 75 en junio. Los mandatos renovables de siete años, en ese contexto, equivalen a control indefinido. «Permanencia hasta la muerte», escribe O'Reilly sin eufemismos.
El diplomático también apunta a los vecinos. Critica a los gobiernos regionales que se esconden «tras definiciones demasiado flexibles de la no intervención». Su advertencia es directa: como en Venezuela, esa omisión no protege derechos, no defiende el sistema interamericano y solo cede terreno a «los actores más imprudentes del hemisferio».
La lectura de Ágora Capital es simple. Un régimen que elimina la competencia electoral, extiende mandatos por decreto y subordina cada poder del Estado al Ejecutivo no es solo una tragedia para los nicaragüenses. Es el manual de cómo se destruye el Estado de derecho desde adentro, con forma legal y fondo autoritario. El capital huye de la incertidumbre; huye más rápido aún de la arbitrariedad institucionalizada. Nicaragua lleva décadas pagando ese costo. Los gobiernos de la región que miran hacia otro lado comparten la responsabilidad del precio.
