Los Puentes de Alameda Oriente, ubicados en el Periférico Oriente en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México, registran un avance del 39% en su construcción. La inversión asciende a 2,000 millones de pesos para edificar dos puentes con una longitud conjunta de 1.2 kilómetros.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez presidió una reunión con su gabinete de obras y los responsables de ejecución del proyecto, enmarcado en el Plan Integral para la Zona Oriente, impulsado de manera conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las estructuras que se sustituyen datan de la década de los noventa. Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las antiguas obras debieron demolerse por el deterioro acumulado y las condiciones del subsuelo. Los habitantes de la zona esperan la renovación desde hace ocho años.
El cronograma oficial establece que el Puente 2 —el primero en entregarse— concluirá en noviembre de 2026. Actualmente se realizan trabajos de montaje de trabes y conclusión de cimentaciones. Una vez que entre en operación esa estructura, se demolerá el Puente 1, que hoy sigue en servicio, para iniciar su reconstrucción. La nueva estructura estará lista en octubre de 2027, fecha en que se completará la renovación total del complejo vial.
Los dos puentes de Alameda Oriente forman parte de un paquete mayor: el Plan Oriente contempla la construcción de 20 puentes vehiculares para mejorar la conectividad metropolitana. De ese total, 10 estarán en ejecución durante 2026, incluidos los de Alameda Oriente, considerados prioritarios por su impacto en la movilidad de la región.
Lectura editorial. Ocho años de espera y una factura de 2,000 millones de pesos son el precio de la postergación. El dinero de los contribuyentes mexiquenses financia hoy lo que el aparato estatal no resolvió a tiempo: infraestructura básica cuyo deterioro era previsible desde hace décadas. El mercado de movilidad —empresas de logística, transportistas, comerciantes del oriente metropolitano— ha absorbido ese costo en tiempo y productividad perdida sin que nadie lo cuantifique oficialmente. La obra avanza, y eso es positivo; pero la pregunta que el gobierno evita responder es cuánto costó la demora. Capital busca reglas claras y obras en tiempo: cuando el Estado no entrega ninguna de las dos, la cuenta siempre la paga el ciudadano.
