España elevó una petición formal a la Comisión Europea. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, envió una carta al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.
El pedido central: crear un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático. La propuesta contempla nuevos recursos, entre ellos instrumentos de deuda europeos. Incluye también un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas.
Aagesen plantea un «enfoque integral» frente al clima. Busca anticipar riesgos, incorporar la resiliencia en la planificación y reforzar la respuesta ante emergencias.
En el plano financiero, pide integrar la resiliencia climática en el Marco Financiero Plurianual. Propone además un sistema europeo de reaseguro público-privado. Ese sistema cubriría pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.
La ministra sugiere financiar ese reaseguro con bonos de riesgo climático. También reclama evaluaciones quinquenales de riesgos climáticos en tres niveles: europeo, nacional y regional.
El plan español fija sectores prioritarios. Son agua, salud, infraestructuras, bosques, biodiversidad, turismo, agricultura y pesca. Exige objetivos vinculantes a corto, medio y largo plazo basados en evidencia científica.
Aagesen defiende los principios de «resiliencia desde el diseño» y «climate proofing». Reclama que toda inversión evalúe e integre los riesgos climáticos.
La propuesta suma un Sistema Permanente de Respuesta ante Emergencias Climáticas. También busca reforzar rescEU, el sistema de protección civil europeo, con un despliegue rápido de recursos compartidos.
El documento pide, además, que las políticas de adaptación promuevan la cohesión territorial y social de la UE. Prestan atención especial a colectivos vulnerables y buscan participación pública efectiva.
«La emergencia climática está teniendo graves impactos en toda Europa, que se está calentando aproximadamente el doble de rápido que la media mundial», advirtió Aagesen en la carta.
Los números primero: nueva deuda europea, un impuesto sectorial y objetivos vinculantes. Es la fórmula habitual de Bruselas para ampliar competencias con dinero ajeno.
El gravamen recaería sobre petroleras y gas, sectores que ya afrontan cargas fiscales nacionales en varios países del bloque. Cada euro que el regulador extrae de los márgenes energéticos es un euro que no se traduce en inversión, exploración o empleo. Capital busca reglas claras, no una arquitectura fiscal paneuropea decidida en Madrid y pagada por toda la Unión.
La soberanía fiscal, hasta ahora resguardada por los Estados miembros, quedaría un paso más cerca de Bruselas si el fondo avanza con impuestos propios. El mercado energético europeo, ya presionado por la transición, observa con cautela cualquier nuevo tributo diseñado en nombre del clima.
