Dos años después de que la administración de Javier Milei unificara el tipo de cambio y eliminara la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, las causas judiciales sobre las irregularidades cometidas durante el cepo cambiario avanzan a un ritmo que incomoda.
Informes preliminares de organismos del Estado y del Ministerio Público Fiscal permiten inferir que las maniobras, que proliferaron principalmente entre 2022 y 2023, habrían alcanzado al menos 1.400 millones de dólares e involucran a nueve bancos, 90 casas de cambio y unas 200 personas. El contraste con los resultados judiciales es llamativo: apenas un puñado de operadores financieros y cinco supervisores del Banco Central imputados.
Las tres causas abiertas quedaron reducidas a dos hace tres semanas, cuando la Cámara Federal unificó en el juzgado de Ariel Lijo las investigaciones que llevaban ese magistrado y la jueza María Servini. Resta aún una decisión sobre una tercera causa, más antigua, a cargo de María Eugenia Capuchetti desde diciembre de 2021.
El fiscal Franco Picardi, con la causa delegada del juzgado de Lijo, es quien más terreno ha ganado. Imputó a cinco funcionarios del Banco Central que supervisaban casas de cambio —Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García— y a una decena de empresarios, entre ellos Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque.
En sus últimas medidas, Picardi allanó la casa de Jorge Blanco, presidente del Banco Sucrédito de Tucumán, y solicitó el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil e impositivo de varios ejecutivos, entre ellos Juan Ignacio y José María Napoli, accionistas de Napoli Inversiones SA.
El nombre de Juan Nápoli resulta particularmente relevante: es dueño del Banco de Valores, fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en 2023 en la lista de Javier Milei y tiene, según la misma fuente, una antigua relación con Sergio Massa, ministro de Economía entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.
El mecanismo era concreto. El acceso a divisas surgía de una rueda diaria organizada por la llamada «mesa del Banco Central», que entonces dependía de Carlos Fabián Sgarbi, subgerente de Operaciones. Las decisiones sobre quién recibía autorización quedaron registradas con firma en el sistema. Empleados de planta sostienen que acataban órdenes del directorio, integrado en esos años por Miguel Pesce como presidente —designado por Alberto Fernández—, los vicepresidentes Sergio Woyecheszen y Jorge Carrera, y los directores Claudia Berger, Zenón Alberto Biagosch, Pablo Manuel Carreras Mayer, Juan Agustín D'Attellis, Claudio Martín Golonbek, Lisandro Cleri y Betina Susana Stein.
Todo esto ocurrió mientras el resto de la economía, incluido el sector salud, sufría restricciones para acceder a divisas.
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Desde Ágora Capital, el cuadro es difícil de ignorar. Un cepo cambiario no es solo una política monetaria fallida: es, por definición, un sistema de racionamiento administrado por el Estado, y todo racionamiento estatal genera incentivos para la corrupción. Que maniobras de esta escala —1.400 millones de dólares, nueve bancos, 90 casas de cambio— lleven dos años sin producir más que cinco imputados menores no habla de complejidad jurídica; habla de inercia institucional.
Capital busca reglas claras. Y la primera regla es que quienes distorsionaron el mercado cambiario en beneficio propio, mientras el ahorrista común era excluido del mismo sistema, respondan ante la ley. Cada día sin sentencia es un subsidio implícito a la impunidad.
