Un empresario del rubro metalmecánico murió en la madrugada del sábado en Lima después de ser secuestrado junto a un amigo en un taxi y sometido a una agresión que buscaba vaciar sus cuentas bancarias digitales.
La víctima fue identificada por fuentes policiales como Wilmer Augusto Rojas Chavarría, de 61 años. Según la información preliminar recogida por RPP y fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), Rojas Chavarría y su acompañante abordaron un taxi de color negro al salir de un local nocturno en el distrito de Los Olivos.
Minutos después, dos sujetos ingresaron al vehículo, redujeron a los ocupantes, les quitaron sus pertenencias y les exigieron las claves de acceso a sus aplicaciones financieras. Según las versiones preliminares, el empresario no logró recordar la contraseña de una de sus cuentas digitales. Esa circunstancia desencadenó una agresión física por parte de los atacantes.
Cerca de las seis de la mañana, ambas víctimas fueron arrojadas en el pasaje San Camilo, en el cruce con la calle Los Rosales, dentro de la urbanización Mayorazgo, en San Martín de Porres. Una vecina que trabaja en el sector salud se acercó al ver al acompañante en estado de desesperación. Al revisar al empresario, constató que no presentaba signos vitales.
«Lo encontré al chico desesperado y le digo: ¿Qué pasó? Y me dijo: Nos asaltaron, nos golpearon, nos vendaron y me tiraron aquí a mí y a mi amigo», relató la vecina a RPP. Luego añadió: «Me acerqué y le cogí el pulso y le digo: No, el señor ya no tiene signos vitales».
Agentes de la PNP acudieron al lugar para aislar la escena. Las investigaciones buscan determinar la causa exacta de la muerte y reconstruir el recorrido del vehículo. Entre las diligencias previstas figura la revisión de cámaras de seguridad de viviendas cercanas para identificar a los responsables.
El caso suma a una cadena de robos con modalidad de «secuestro exprés» que han convertido los taxis informales en un vector de inseguridad en Lima. La exigencia de claves de banca digital representa una evolución del delito: ya no basta con robar el teléfono, los criminales buscan el acceso directo al patrimonio líquido de la víctima.
Desde Ágora Capital, el cuadro es inequívoco: cuando el Estado no garantiza el orden público, el costo lo pagan primero los ciudadanos y después la economía. El empresariado —columna vertebral del empleo formal y la inversión privada— no puede generar riqueza en un entorno donde salir a la calle equivale a exponer el patrimonio y la vida. Cada crimen de este tipo no es solo una tragedia personal; es una señal de riesgo que el capital productivo lee con precisión. Perú necesita respuestas concretas, no diagnósticos.
